Mensaje inequívoco también hacia Felipe VI y memoria de lo que planteó quien fuera presidente del Gobierno central, Pi i Margall, a finales del siglo XIX, durante el breve periodo de la Primera República española.
Puede que en aquel 2019 su oferta a Miquel Iceta para presidir el Senado fuera sincera y que pensara que ni Esquerra ni el PDeCAT se opondrían, dada la tradición imperante en el Parlament de respetar los nombres que propone cada grupo. Demasiado simplista y arriesgado si se contemplaba el escenario en su conjunto, con un juicio en el Supremo, nuevas imputaciones de la Fiscalía y dudas sobre la legalidad de la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas. Si informó o no de sus intenciones al Rey es otra de las preguntas que necesitarían una respuesta.
Años más tarde podemos estar en la misma situación, con el inconveniente para el líder socialista de que el Senado lleva cuatro años controlado por una mayoría absoluta del Partido Popular, mientras que el cambio que hizo de Meritxell Batet por Francina Armengol mantuvo ese carácter federalista y nacionalista que asomaba entre los dirigentes del PSOE tras la llegada de Sánchez al poder.
La mínima prudencia habría llevado a una “consulta” previa, a un pacto de no agresión con el máximo representante del PSC en el centro, una persona que ha dado muchas y evidentes muestras de querer llegar a un acuerdo con los independentistas para desbloquear la situación en Cataluña, pese al desgaste personal que le está suponiendo; lo mismo que su postura favorable a los condenados por los hechos del 1 de octubre de 2017, con Puigdemont dentro del paquete. Más parecidos entre lo que se pensaba y pasaba en 2019 y 2023 y lo que ocurre hoy es imposible encontrar para quienes defienden el carácter español e irrenunciable de Cataluña —de Ceuta y Melilla lo ha dicho el Rey—, mientras que el independentismo se ha encontrado con Orriols y su Aliança Catalana, que ha roto todos los equilibrios construidos durante cincuenta años.
Si Pedro Sánchez pecó de exceso de confianza en sus intenciones, la última década le permite ver que Cataluña se va a mantener como una parte importante del Estado sin nuevas aventuras ni sueños que choquen con la realidad. Más presencia política en Madrid y en Europa, con presencia muy importante en grandes empresas públicas y privadas como Indra, AENA o Telefónica. Más Cataluña, en definitiva, pero una Cataluña que deberá ser integradora y no rupturista; una Cataluña que sume y no reste. Distinta de otras autonomías, sí, pero inclusiva. Las respuestas desde Junts y desde ERC se han mantenido durante todo este tiempo, con elecciones generales y autonómicas por medio.
El concepto que desde sectores de la izquierda y la derecha más radical se quiere “introducir” en la vida política española, “el régimen del 78”, es claramente rupturista respecto a la Transición y peyorativo respecto a la Constitución elaborada y votada en ese año. Se intentan olvidar los 48 años transcurridos desde entonces y llevar a España a un nuevo proceso que cambie de forma radical los pactos económicos, sociales, religiosos y hasta militares que hicieron posible pasar de la dictadura a la democracia con riesgos mínimos y con el recuerdo de la Guerra Civil muy presente en la mente de los dirigentes políticos, tanto de los que salían del franquismo como de los que regresaban del exilio forzado.
Conviene que desde la Monarquía, como Jefatura del Estado, y desde las direcciones de los partidos políticos se examine con profundidad nuestra historia. También desde los despachos de las grandes compañías y entidades financieras, con presencia importante del Estado en su capital. Parece que esa es la idea del presidente del Gobierno y de quienes le asesoran.
Al margen del interés a muy corto plazo que representan las elecciones del 29N y las de mayo de 2027, con la formación de los distintos gobiernos, Sánchez en particular y la izquierda en general no pueden estar mirando a las dos repúblicas y sus fundamentos federalistas; ni a la Primera y menos aún a la Segunda, la que desembocó en el enfrentamiento civil entre españoles.
Está mirando a la Primera, a la que dotó de filosofía y basamento político Francesc Pi i Margall, el catalán que intentó defenderla de varios intentos de golpe de Estado desde su puesto de ministro de Gobernación, primero, y durante 37 días como presidente del Gobierno, tras la huida a la carrera y en tren de otro catalán, Estanislao Figueras, cansado este de los enfrentamientos internos en el Gabinete.
El filósofo y catedrático Manuel Cruz —más que su entonces compañera de tándem presidencial—, como estudioso y discípulo de los federalistas catalanes de finales del siglo XIX, lo lleva diciendo desde hace años: el encaje de Cataluña en España solo será real a través de una monarquía federal, que ve posible mediante una modificación puntual y profunda del Título VIII de nuestra Constitución y sin necesidad de un referéndum traumático y maximalista.
Mover la estructura del Estado y acomodarla a los tiempos en que vivimos para evitar que se derrumbe o paralice la necesaria convivencia entre todos los españoles, entre los que se incluyen desde canarios a catalanes, desde andaluces a vascos, desde valencianos a gallegos.
Ese federalismo, que en la segunda parte del siglo XIX intentó impregnar Pi i Margall en las estructuras del Estado durante la breve existencia de la Primera República española, es el que está “resucitando” en este inicio de nuestro siglo XXI. Con una reina y cinco reyes por medio, conspiraciones e intentos de golpe de Estado difíciles de contabilizar, y una larguísima dictadura felizmente superada, no es conveniente olvidar lo que ha sucedido en la vida pública de este país, al que de forma continua y sin respiros se le quiere cambiar de piel.
Ese escenario es real y posible. Va a ser el de la legislatura que comenzará tras el resultado de las urnas de finales de noviembre. Sacar a pasear a la República como forma de gobierno a través de una nueva Constitución sería tan traumático y lesivo para España como querer mantener a la Monarquía como una estatua de sal dentro del arcón constitucional de 1978. Cambiar va a ser necesario. Y los encargados de hacerlo tendrán que pensar en la historia y estudiarla para no amargarnos el futuro.
