Mariano Rajoy ha usado su tradicional habilidad política para negar que supiese nada de aquellas maniobras y menos aún de los apodos y abreviaturas que le pusieran. No ha defraudado y desde la dirección del actual PP, desde Alberto Núñez Feijóo a Ester Muñoz, pasando por Miguel Tellado y Cuca Gamarra , no han dudado en apoyarle y creerle como si fuera un acto de fe. Tal y como debe ser en toda organización que se mueva en vertical, de arriba a abajo. Ningún problema.
El problema público está en la comunicación y en las acusaciones y ataques que esos mismos dirigentes, en activo y pasivo, le hacen al actual presidente del Gobierno cuando se juzga y se investigan las andanzas del que fuera ministro, José Luís Ábalos, del que fuera su mano derecha para demasiado todo, Koldo García, para el que fuera componedor de todo, el empresario Víctor Aldama, y del que, desde la Secretaria de Organización del PSOE, negociaba con todos los grupos políticos, Santos Cerdán. Para toda la dirección del PP, Pedro Sánchez tenía la obligación de saber todo lo que hacían sus subordinados, incluso en aquellos temas más personales y que trataban de los asuntos de la entrepierna.
Por supuesto que debía saber, tenía la obligación de saber, lo que hacía su mujer en su condición de profesora y codirectora de la cátedra de acción colaborativa, de sus conversaciones con el rector de la Universidad Complutense, de sus conversaciones con el responsable de Air Europa y el resto de temas por los que está acusada. Y otro tanto cabe decir de lo que hacía y no hacía su hermano David en Badajoz y sus relaciones con las Artes Escénicas.
Dos presidentes del Gobierno con distinta y distante trayectoria política, nada que ver en sus reacciones ante las decisiones judiciales, ya sean las que hizo el magistrado García Castellón en su momento, o las que está haciendo el juez Peinado en los últmos meses. Los máximos responsables de los gobiernos - los del nacional aún más que los de las autonomías y los municipios - tienen la obligación de conocer lo que hacen sus subordinados, de forma escalonada pero puntual. Responsabilidad política para empezar, responsablidad administrativa y judicial, si llegara el caso. Las cascadas de acusaciones se sustentan en esas normas, las que obligan a tener memoria y a actuar con rapidez ante la menor sombra de sospecha de comportamientos dudosos dentro de esa cadena de gobierno.
