El Plan Vive de la Comunidad de Madrid priorizará a quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio o desarrollen en él su actividad y flexibilizará los requisitos con la ampliación de los umbrales de ingresos para unidades de dos miembros.
Lo hará después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles el cambio en la normativa, elaborada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, tal y como ha señalado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.
El cambio en el decreto 84/2020 amplía también el ámbito de actuación del Ejecutivo autonómico para incluir parcelas ubicadas en suelos de otras administraciones Públicas adscritas a la Comunidad, por ejemplo, de ayuntamientos.
Así, esta medida permitirá disponer de más terreno para la promoción de vivienda pública y facilitar que un mayor número de ciudadanos disponga de "soluciones habitacionales".
En concreto, las principales novedades es que tendrán preferencia quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio o desarrollen en él su actividad laboral. En segundo lugar, se situarán los solicitantes con diez años de residencia acreditada en la región, quedando en último término el resto de las personas empadronadas. Este nuevo esquema sustituye al anterior, que establecía un mínimo de tres años.
Además, se quiere reforzar la gestión y transparencia de los procesos de adjudicación como en las listas de solicitantes que se publicarán de forma permanente en la web del concesionario, con enlace desde la página institucional, lo que posibilitará "su actualización continua" y mejorará "el acceso a la información por parte de los interesados".
REQUISITOS DE INGRESOS
Por otro lado, se flexibilizan los requisitos con la ampliación de los umbrales de ingresos para unidades de dos miembros, que se sitúan entre 1,5 y 5,5 veces el Iprem en el caso de las viviendas de precio básico, y entre 1,5 y 7,5 veces para las de precio limitado, lo que permitirá que "un mayor número de ciudadanos pueda cumplir las condiciones exigidas".
Asimismo, se podrán emplear los datos fiscales más recientes disponibles y se admitirán declaraciones responsables cuando se hayan producido cambios relevantes en la situación económica.
El texto incorpora también medidas para optimizar la ocupación de los inmuebles. Entre ellas, destaca la posibilidad de reasignar los pisos inicialmente reservados a cupos específicos, como víctimas de violencia contra la mujer o personas asiladas, cuando queden vacantes, así como la reducción de los plazos de adjudicación para agilizar el proceso.
A estas novedades se suma el nuevo reglamento de vivienda protegida, actualmente en tramitación, que fija un periodo mínimo de cinco años para el acceso en régimen de alquiler y de diez años en el caso de compra, siendo suficiente con que uno de los miembros de la unidad familiar cumpla este requisito.
Esta medida introduce un cambio relevante respecto a la normativa anterior, que no contemplaba de forma generalizada este tipo de exigencias.
En relación con los hogares gestionados por la Agencia de Vivienda Social (AVS), se mantiene como condición general acreditar un mínimo de diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid, de los cuales al menos tres deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
El Ejecutivo autonómico ha entregado con el Plan Vive 5.211 pisos en alquiler asequible y, a partir de junio, finalizará la construcción de más de 3.000 que se podrán a disposición de los madrileños.
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