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a jueza de Leganés que instruye una de las causas sobre muertes en residencias durante la primera ola de la pandemia se ha inhibido a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid a instancias de uno de los imputados al investigar los mismos hechos relativos a un supuesto trato discriminatorio en la atención sanitarias en los centros de mayores, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Con ello, la magistrada María Pilar Esteban suspende las declaraciones que estaban previstas para el próximo martes de los exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca.
Las comparecencias se fijaban en el marco del procedimiento en el que se investiga una querella de Mareas de Residencias por discriminación en la asistencia sanitarios a dos ancianos que fallecieron en una residencia de Leganés.
La jueza de Leganés, titular del Juzgado número 6 de esta localidad, se inhibe al entender que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid está "investigando con anterioridad los mismos hechos", según informa 'Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia'.
Ahora, la jueza Isabel Durante deberá decidir si acepta la acumulación de la citada causa. El abogado de Martínez Peromingo ya ha presentado un escrito en el Juzgado 3 de Madrid pidiendo la acumulación de diversas causas.
En este Juzgado estaban citados para declarar como imputados, el pasado 26 de mayo, Francisco Javier Martínez Peromingo, Carlos Mur y Antonio Burgueño, este último nombrado en su día asesor principal de Ayuso para luchar contra la pandemia. Las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.
El pasado martes, el juez tomó declaración como testigo al exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, quien manifestó que los protocolos de derivación de residentes a hospitales aplicaron criterios discriminatorios en la atención sanitaria.
El juez de Instrucción número 6 de Leganés interrogó además al presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón; al exasesor Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra la pandemia; y a las dos querellantes.
A los investigados se les imputa la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial.
La jueza suspendió la declaración de Burgueño a instancias del fiscal después de que éste relatara que fue citado por vía telefónica por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a una reunión el 11 de marzo en el que se le planteó que debía haber un mando único sanitario en relación a la pandemia.
En la reunión estaba además Miguel Ángel Rodríguez y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero. Se le nombró entonces mando único para gestionar la pandemia.
ALTOS CARGOS EN PANDEMIA
Carlos Mur era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19.
Javier Martínez Peromingo era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Pablo Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que "las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos".
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