El Gobierno ve en la Ley de universidades de Ayuso "elementos preocupantes" que podrían invadir competencias

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades avisa de que la propuesta de la Comunidad de Madrid sobre su futura Ley de universidades contiene "elementos preocupantes" que podrían invadir competencias del Estado.

Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant han precisado que el Ministerio no conoce oficialmente el borrador de la norma madrileña, que se ha conocido por la prensa y al que ha hecho referencia el consejero Emilio Viciana.

Cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga público el texto, los servicios jurídicos del Ministerio lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española.

Desde el Ministerio señalan que el Gobierno va a proteger a la Universidad Pública española, velando porque se respete la libertad de expresión y de manifestación en sus campus, así como exigiendo una correcta financiación por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia.

También recalcan que es llamativo que la Comunidad de Madrid "esté más preocupada por cómo sancionar a las Universidades que de cómo financiarlas mejor".

TORRES: "NO ME SORPRENDE"

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado en declaraciones a los medios en la Residencia de Estudiantes que el Gobierno está "impulsando, apoyando y defendiendo la universidad pública".

"No me llama la atención, ni me sorprende, que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiera poner multas a quienes se manifiesten. Ella defiende el refuerzo de las universidades privadas y yo lo que defiendo es que tengamos todas las mismas igualdades y que no quien tenga mayor nivel económico pueda acceder a másteres y estudios universitarios dejando o relegando a quienes no tienen esos fondos económicos", ha aseverado Torres.

La Ley estatal de Convivencia Universitaria aprobada en el año 2022 no incluye multas económicas a los alumnos por manifestaciones universitarias, pero sí sanciones por faltas muy graves, graves o leves.

Entre las faltas muy graves, está incluido incumplir las normas de salud pública establecidas para los centros universitarios, sus instalaciones y servicios, poniendo en riesgo a la comunidad universitaria; o impedir el desarrollo de los procesos electorales de la universidad, entre otros.

Son sanciones aplicables por la comisión de faltas muy graves la expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en la que se hubiera cometido la falta; la sanción con expulsión deberá constar en el expediente académico hasta su total cumplimiento; y la pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso o semestre académico.

Entre las faltas graves se incluyen incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por las universidades y sus instalaciones y servicios; o impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia de conocimiento.

Las sanciones por la comisión de faltas graves pueden ser la expulsión de hasta un mes de la universidad en la que se hubiera cometido la falta; o la pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria en el semestre académico en el que se comete la falta y respecto de la asignatura en la que se hubiera cometido.

Por último, la ley considera faltas leves acceder a instalaciones universitarias a las que no se tenga autorizado el acceso; utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de general conocimiento; o realizar actos que deterioren los bienes del patrimonio de la universidad. La amonestación privada es la sanción aplicable por la comisión de faltas leves.

La Ley de Convivencia Universitaria establece que las universidades públicas y privadas, en aplicación de esta norma, "garantizarán la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, constitucionalmente reconocidos".

El consejero de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido este miércoles que el régimen sancionador que incluye el borrador de la ley de universidades madrileña está "anunciado y debatido desde 2024 y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces".

Viciana ha asegurado que la norma madrileña "no contraviene ninguna norma estatal": "Al contrario, sigue la línea de la línea de la Ley de Convivencia Universitaria aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez en el año 2022".

"Precisamente lo que protege la ley de la Comunidad de Madrid es la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación y de cátedra. Se protege el ejercicio de los derechos fundamentales", ha zanjado el consejero madrileño.