La jueza interroga como investigado a uno de los empresarios que hizo una de las obras en el caso FP

La jueza de Instrucción número 39 de Madrid interrogará este miércoles como investigado a uno de los empresarios que hizo una de las obras cuyos contratos están siendo investigados dentro del denominado caso FP.

En la causa se investigan presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid en las obras realizadas en algunos centros de Formación Profesional de la región.

La magistrada citó al empresario Gabriel Navarro a instancias de la acusación popular que ejerce en la causa el PSOE. Recientemente, aceptó la personación de la Comunidad de Madrid como perjudicado de los hechos investigados.

El pasado mes de marzo, la jueza escuchó los testimonios de dos directores de centros educativos de Formación Profesional y al exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid durante 2021-2023, quienes apuntaron durante su declaración judicial a altos cargos de la Consejería de Educación.

En concreto, manifestaron que no tenían competencia "ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras, sino que les llegaban unos conceptos por los que tenían que gastar un dinero que les era ingresado en la cuenta del instituto, con unas facturas y lo que hacían era ejecutar esas órdenes que les llegaban".

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en marzo del pasado año 2024, envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación en las mismas de distintos funcionarios públicos.

Fue la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó que el Ejecutivo madrileño se iba a personar cuando la instrucción lo permitiera. En concreto, reivindicó que fue el Gobierno autonómico quien acudió a Fiscalía para "investigar irregularidades detectadas" en varios centros ante la posibilidad de que se hubieran "fraccionado contratos".