El consejero ha cargado contra "el populismo que plantea el conflicto como una lucha entre ricos propietarios y pobres ocupantes", un discurso que en su opinión "solo consigue dividir a la sociedad y agravar el problema"
La Comunidad de Madrid ha organizado por primera vez una jornada centrada en el fenómeno de la ocupación y la inquiocupación ilegal de viviendas, en la que ha reclamado al Gobierno central la adopción de medidas más contundentes para proteger a las víctimas y agilizar los procesos de desalojo.
En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería en la calle Maudes, han participado representantes institucionales, expertos y víctimas que han narrado su experiencia y las dificultades a las que se han tenido que enfrentar para recuperar sus hogares.
Es el caso de Jaquelín, que alquiló su vivienda a una amiga de forma temporal y que ahora se niega a pagar el alquiler o marcharse. "Me dijo directamente que los ocupas no pagan y que al ser ella madre soltera la ley le ampara", ha explicado, por lo que ella lleva más de medio año "en la calle porque es su única vivienda", con un cuadro de ansiedad y "endeudada" al tener que seguir pagando la hipoteca y las facturas de su casa ocupada.
En la misma línea se ha pronunciado Eva, que lleva cinco años con el problema de la inquiocupación, en este caso en una vivienda de su madre de 79 años. La inquilina que residía en su vivienda dejó de pagarla cuando se acabó el contrato pero sin abandonarla y declarándose vulnerable, por lo que cuenta con el amparo de la ley. "Las administraciones no le han buscado una alternativa habitacional y a ella tampoco le interesa porque está viviendo gratis en la casa", ha relatado.
Durante la apertura de la jornada, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha puesto el acento en la "impunidad" ante este fenómeno de la ocupación, que afecta en gran medida a "pequeños ahorradores, jubilados o familias", y ante otro "especialmente perverso" como es la inquiocupación, una práctica "cada vez más común y absolutamente destructiva para el mercado del alquiler".
En este sentido, ha reclamado al Gobierno central "seguridad jurídica" y ha abogado por endurecer las penas del Código Penal en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles. "Sin seguridad jurídica no hay alquiler, sin protección al propietario no hay oferta y sin oferta suben los precios, cae la inversión y se dificulta cada día más el poder acceder a una vivienda", ha defendido.
"NO SON GRANDES FONDOS O BANCOS"
Durante su intervención, el consejero ha cargado contra "el populismo que plantea el conflicto como una lucha entre ricos propietarios y pobres ocupantes", un discurso que en su opinión "solo consigue dividir a la sociedad y agravar el problema".
En este sentido, ha defendido que "en la inmensa mayoría de los casos, los propietarios afectados no son grandes fondos ni bancos, sino que son "familias, jubilados, gente mayor o autónomos a los que acaban convirtiendo, en este caso, en vulnerables, más incluso de quienes ocupan viviendas valiéndose de la lentitud y permisibilidad del sistema".
Así, ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sigue empeñado en mantener un marco normativo que premie infractor y castiga al propietario", con una Ley de Vivienda "redactada desde el perjuicio ideológico y no desde la realidad de mercado" y que "ha contribuido a crear un clima de inseguridad jurídica que favorece sin duda la ocupación".
PRÓRROGAS DEL DECRETO ANTIDESAHUCIO
También ha afeado al Ejecutivo central "las sucesivas prórrogas de decreto antidesahucio presentadas como medidas sociales que han acabado sustituyendo sin duda de escudo a quienes ocupan ilegalmente inmuebles y el resultado es todo lo contrario, al desear menos vivienda disponible para alquiler, más conflicto y sobre todo más frustración.
En este contexto, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que deje que se tramite la proposición de ley "secuestrada en la Mesa del Congreso de los Diputados" para introducir las penas del Código Penal para determinados delitos como el allanamiento de morada o la usurpación de inmuebles, que se acelere los desalojos en 24 horas, que se impida el empadronamiento a los ocupas y que se proteja "de una vez por todas y con todas las garantías a quienes sufren esta lacra de la ocupación y la inquiocupación".
LA COMUNIDAD DE MADRID, CON LAS VÍCTIMAS
Frente a ello, ha destacado que el Gobierno regional estará siempre con las víctimas y con quien cumple con la ley. "En la Comunidad de Madrid no queremos mirar hacia otro lado, y no vamos a normalizar la ocupación como si fuera un problema menor o un mal necesario, porque realmente no lo es. Lo que es, es un delito, y como tal debe ser tratado", ha remarcado Rodrigo, que ha subrayado el compromiso en defensa de "la propiedad privada, el orden legal y el derecho a vivir en paz" del Gobierno regional.
En este sentido, ha recordado que se ha puesto en marcha una Oficina Antiocupación, que presta asesoramiento y apoyo a los propietarios en la recuperación de su vivienda y con el servicio 112 Ocupación integrado en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), dentro de la sede del 112, desde donde se facilita el trabajo de las distintas fuerzas de seguridad así como su cooperación con los efectivos de emergencias.
Este proyecto, que impulsó el Gobierno regional en junio de 2022, ofrece una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los recursos de la Administración autonómica, incluyendo servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales.
44 OCUPACIONES EVITADAS
Hasta la fecha, ha registrado un total de 4.194 llamadas y ha podido evitar 44 ocupaciones de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir un aviso e iniciar el procedimiento.
Por otra parte, un nuevo espacio especializado del 112 Ocupación va a ofrecer asesoramiento jurídico inmediato a los letrados de los afectados, gracias a la colaboración de los colegios de abogados y procuradores. Asimismo, contarán con representación procesal de procuradores en los tribunales y atención psicológica en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).
Además, para incentivar el alquiler y dar seguridad jurídica a todas las partes se han impulsado también actuaciones como las bonificaciones fiscales o el propio Plan Alquila.
En este marco, ha cuestionado "a quienes acusan" a la Comunidad "de criminalizar la ocupación" sobre si "no es una forma de crueldad permitir que las mafias aprovechen de los más vulnerables para su beneficio".
"En Madrid queremos una región segura, que sea próspera y con un mercado de vivienda dinámico y equilibrado, donde quien alquila tenga garantías y quien busca alquilar tenga oportunidades reales, donde la propiedad se respete y la ley se cumpla. Porque sin ley, queridos amigos, no va a haber libertad y sin libertad no va a haber futuro.
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