El Supremo rechaza la querella presentada por magistrados jubilados contra el rey emérito por cinco delitos fiscales

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública que presentaron el pasado mes de noviembre magistrados jubilados, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales.

Precisamente, en marzo, la Fiscalía interesó su archivo recordando en un comunicado que ya abrió diligencias de investigación en relación con Juan Carlos I el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020, y, "tras una exhaustiva investigación, se archivaron el 2 de marzo de 2022".

Así, la Fiscalía se ratificaba en las razones aducidas en el decreto de archivo de marzo de 2022, ya que en la mencionada querella "no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintas a las ya consideradas para dictar el archivo".

Ahora, el auto del Supremo, recogido por Europa Press, explica que su decisión se basa en el informe del Ministerio Público en el que se oponía a esa admisión de la querella y destaca que los hechos expuestos en la misma o no son constitutivos de delito, o están prescritos o han sido regularizados.

Así, el tribunal de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Manuel Marchena, considera que en términos jurídicos nada ha cambiado desde el decreto de archivo de la Fiscalía de hace 3 años por los mismos hechos.

La resolución recuerda que la querella sostenía que el emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum.

Y explica que el grupo de juristas querellantes defendían que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, al tratarse de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.

Sin embargo, los magistrados del alto tribunal sostienen que los hechos investigados ya fueron objeto de archivo razonado por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y que la querella presentada no aporta nuevos datos, pruebas ni documentos que justifiquen reabrir la investigación.