Considera que la competente para enjuiciar es la Audiencia Provincial y no la AN porque lo investigado es exclusivamente en Madrid
La defensa del exconsejero madrileño del PP Alfredo Prada ha señalado este lunes que se le acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Campus de la Justicia sin poder haber analizado la documentación "destruida" por la Comunidad de Madrid.
En el inicio del juicio en la Audiencia Nacional (AN) y durante las cuestiones previas, el abogado de Prada ha indicado que la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad de Madrid le acusan de irregularidades a partir de un informe de la Cámara de Cuentas que no tuvo en cuenta "la falta de numerosísima documentación que ha sido destruida y con cuya ausencia han construido una base fáctica irreal".
La Fiscalía solicita 8 años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación. El abogado ha expresado que podrían probar que se hicieron los trámites y no hubo irregularidades, pero que no disponen de esa documentación "porque la ha destruido la propia Comunidad de Madrid, que es en la que estaba".
Su defensa ha hecho hincapié en que la propia Cámara de Cuentas ya señaló que "gran parte" del archivo había sido destruido, incluidas cientos de cajas de documentación entre las que había numerosos expedientes y facturas.
A sus ojos, el informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia que dio pie a la causa judicial se caracteriza por "absoluto caos, desorden y falta de control de la documentación".
La defensa de Prada también ha alegado que la competente para enjuiciar las presuntas irregularidades sería la Audiencia Provincial de Madrid y no la Audiencia Nacional.
En este sentido, el letrado ha señalado que la investigación se refiere a una empresa pública de la Comunidad de Madrid y su actividad se ha desarrollado en la capital, por lo que "los efectos se han producido también de forma exclusiva en Madrid".
HA PRESCRITO, SEGÚN LA MAYORÍA DE ACUSADOS
La Fiscalía acusa y reclama además 6 años de prisión para otras cinco personas: Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano José Sanz Piñar (subdirector general técnico), Alicio de las Heras Rodríguez (director financiero), Félix José García de Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). No obstante, de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó 4 años y 6 meses de prisión para el exconsejero madrileño de Justicia e Interior y tres años para el resto.
Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos, planteando penas más altas: 13 años y 3 meses de cárcel para Prada, 11 años para los directivos y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que desligaron de haber cometido malversación.
La Abogacía del Estado, en cambio, ha retirado su acusación por una razón "temporal". Según ha explicado, no es porque "no sean hechos delictivos", sino porque las transferencias de fondos estatales a la Comunidad de Madrid para el Campus de la Justicia se produjeron a partir de noviembre de 2008, cuando Prada ya no estaba al frente.
"El Estado está legitimado en su condición de ofendido por el delito, pero el hecho legitimador se da en la segunda pieza", en la que dirigía el Campus de la Justicia Francisco Granados y que aún se investiga, ha precisado la representante de la Abogacía del Estado.
La mayor parte de las defensas ha alegado en la fase de cuestiones previas que los hechos han prescrito, algo a lo que tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Comunidad de Madrid se han opuesto, señalando que los abogados están totalmente "equivocados".
Campus de la Justicia (CJM) es una empresa pública que se creó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
Según el juez instructor, los acusados, bajo el liderazgo de Prada, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".
En este juicio, que se reanudará el miércoles con la declaración de testigos, deberá declarar en esa calidad Esperanza Aguirre, que era presidenta de la Comunidad de Madrid en aquellos años y nombró a Alfredo Prada vicepresidente segundo.
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