Miguel Ángel Flores, principal condenado por el caso Madrid Arena, ha declarado este lunes en el juicio en el que se le acusa de presunta estafa que "jamás" se apropió del dinero de los socios minoritarios de un centro deportivo ubicado en Chamartín del que era propietario ni falseó la contabilidad en su propio beneficio.
El empresario y otro extrabajador se han sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por delitos de estafa continuada y apropiación indebida en relación a la gestión y obras de remodelación del Castellana Sports Club.
Según fuentes jurídicas, la pieza separada del Madrid Arena, tragedia que se produjo en noviembre de 2012, sobre la situación patrimonial de Flores desveló posibles movimientos irregulares en una de las sociedades del empresario, un extremo que investigó la Fiscalía de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid.
Los accionistas denunciaron las supuestas anomalías contables en 2014, en plena instrucción de la causa sobre el fallecimiento de las chicas en la fiesta de Halloween.
Tras las pesquisas, la Fiscalía acordó no acusar al considerar que no estaba acreditada su autoría en los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y administración desleal que les imputa la acusación particular. Los querellantes, unos seis socios, les solicitan el pago de 600.000 euros. Mañana continuará el juicio con el testimonio de otros accionistas y las periciales, claves para determinar si hubo desvío de dinero.
Frente al criterio del fiscal, los accionistas imputan a Flores y al exadministrador haberse apoderado de diversas cantidades de la entidad en beneficio ilícito propio ajeno a los fines de Canacur, aprovechando su condición de gestionar el centro deportivo.
El objeto del procedimiento se refiere a una de las sociedades --Canacur S.A.-- de las que Flores fue administrador único hasta el 1 de junio de 2018, fecha en la que cumplía ya su condena entre rejas al haber ingresado unos meses antes en el centro penitenciario por el caso Madrid Arena.
Uno de los presuntos estafados ha relatado en la vista oral que a raíz de una auditoría se detectó en 2013 que Flores habría transferido presuntamente cantidades de 100.000 euros a la sociedad DivierTT --de la que Flores era presidente y administrador único--. DivierTT fue condenada como responsable civil del caso Madrid Arena al ser la empresa que organizó la fiesta mortal.
Al parecer, según este afectado, un documento extracontable de liquidez de intereses de caja desveló la inexistencia de un saldo de unos 400.000 euros y disposiciones a cuenta de Flores sin justificar.
DEFIENDE LA LEGALIDAD
En su declaración, Flores ha negado haber dado instrucciones en 2012 para falsear la contabilidad y haber dado órdenes para negar información a sus entonces socios como consecuencia de las ampliaciones de capital que se realizaban con motivo de unas obras y de la mala situación económica de la sociedad.
Según el acusado, las obras eran necesarias para adaptar el centro deportivo a los requisitos que requería el Ayuntamiento de Madrid para otorgar una licencia de funcionamiento.
Flores ha detallado que un año antes de que se produjeron los hechos entraron nuevos socios --ahora los querellantes-- ante la necesidad de incrementar la inversión de cara a la realización de las obras. Sin embargo, los acciones incumplieron el contrato y se fue acumulando deuda.
En varias juntas de accionistas, según el empresario, se les informó de las ampliaciones de capital y de los pagos a cuenta de obra que se realizaban por transferencias bancarias, nunca en efectivo. LLegó un momento en que Flores contrató a un notario ante el ambiente hostil que se iba generando con el fin de evitar problemas en el futuro y otorgar mayor transparencia.
Tras ello, ha expuesto que en 2015 se realizó una auditoría de carácter interno en la sociedad que informaba acerca de la situación de disolución por pérdidas y que la deuda era mayor que el capital.
El otro acusado, exadministrador de Canacur, ha afirmado que si hubiera visto algo raro, hubiera dimitido en seguida. "Esas ampliaciones eran necesarias. La deuda era cada vez más gorda", ha comentado con la voz quebrada, relatando que la acusación es "un acto de cobardía porque van contra Miguel Ángel Flores".
MADRID ARENA
En marzo de 2018, el Supremo confirmó la condena a Flores como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave por lo sucedido la madrugada del 1 de noviembre de 2012.
Además, el tribunal le inhabilitó para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena.
La sentencia concluyó que Flores vendió más entradas de los permitidas y que, tanto él como el resto de los responsables de la organización y seguridad, "no solo no evitaron riesgos, sino que los crearon y los permitieron".
El empresario llegó a vender a través de su empresa unas 16.695 entradas, cuando el aforo máximo permitido en este pabellón municipal era entonces de 10.620 personas.
Ante los magistrados del Supremo, el abogado del promotor de la fiesta culpó al Ayuntamiento de Madrid de la falta de seguridad y de las deficiencias del recinto.
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