Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, se hizo ayer en el Congreso
un “Mariano Rajoy” para no tener que soportar la derrota de la Ley de amnistía. Dejó el escaño, se marchó y dejó como máxima responsable del Ejecutivo a la vicepresidenta
María Jesús Montero, que afortunadamente para su jefe no lleva bolsa al Hemiciclo.
Los culpables del monumental “cabreo” del presidente no fueron 180 parlamentarios, tal y como sucedió en 2018, fueron tan
sólo los siete que representan a Carles Puigdemont, el espectro independentista que lleva ocho años zumbando, cual “mosca cojonera”, en los oídos de toda España.
Dos presidentes marchándose antes de comprobar que saldrían derrotados del Hemiciclo del Congreso. Dos imágenes que no deberían producirse ya que ambos, Rajoy y Sánchez eran y son la máxima representación de la soberanía popular, tanto para lo bueno como para lo malo. Don Mariano se exilió de forma voluntario en el mundo del Registro, don Pedro no parece que tenga la más mínima intención de regresar a las clases de master en la Universidad privada. Uno ha vuelto de fiel escolta de su paisano para defenderse desde el poder; el otro no quiere perderlo y fiel a su estilo y su pasado esperará el mejor de los momentos para tomarse cumplida venganza de aquellos que le están acosando, que no son pocos pero la mayoría muy temerosos.
Si miramos a los siete de don Carles, su punta de lanza en la Corte madrileña, de la que dice querer desprenderse, comprobaremos que esos mismos siete dependen de él para sobrevivir políticamente y que en esa tarea pueden lograr lo contrario y llevarlo a prisión. El juez Llarena sigue a la espera de lo que ocurra en las elecciones europeas y de si el ex presidente de la Generalitat conserva o no su acta de eurodiputado y, por si no fuera suficientes, tanto García Castellón como Aguirre tienen argumentos jurídicos como para someter a todos ellos a un asedio judicial que traspase las fronteras y termine derrumbando las murallas independentistas que han levantado y que cada día aparecen más débiles en su estructura.
Desde Miriam Nogueras a Josep María Cruset, pasando por Pilar calvo, Isidre Gavin, Eduard Pujol, Josep María Cervera y Marta Medrenas, los siete no parecen tener otra misión política que la de proporcionar a su jefe y al resto de compañeros acusados un salvoconducto de inmunidad en el futuro. El resto de los temas que afectan a Cataluña en las áreas de Sanidad, Educación, Pensiones, solvencia financiera, futuros empresariales y un largo etcétera, que son los que afectan a toda la población de Cataluña, incluidos los 568.002 ciudadanos que les votaron en 2021 y los 256.231 que les votaron en 2023, no aparecen por ningún sitio. Se han quedado aislados en la propia celda institucional y social que han construído.
No es bueno para España que el Gobierno prorrogue los Presupuestos de 2023 por no poder aprobar los de 2024 si los mismos siete parlamentarios de Junts votaran en contra. No es bueno pero el Gobierno puede hacerlo y, sin duda, Pedro Sánchez lo hará antes de disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones. Los Fondos europeos y la posibilidad de “perdonar deudas autonómicas” están en ese camino. Puigdemont y Borrás, al igual que Clara Ponsatí y Toni Comín son conscientes de lo arriesgado de su postura. Pueden jugar al último órdago pero lo que no pueden es mantenerlo y menos aún, ganarlo. Hay un plazo de un mes para dejar la Ley de amnistía como está o arriesgarse al “martirologio”, esa palabra que les puede sonar muy bien cuando se miran en el espejo de la historia pero de la que abjuran cuando se suben a un coche y huyen de la Justicia.
