La Fiscalía solicita la absolución de los agentes, quienes según su relato a raíz de la orden dada por el jefe del grupo. a acusación ha pedido al jurado que valore que "nadie está por encima de ley" por "violar" la Constitución
La Audiencia Provincial de Madrid arranca este lunes el juicio por jurado popular contra seis agentes que irrumpieron en marzo de 2021 con un ariete en un piso de la calle Lagasca para disolver una fiesta ilegal en pandemia en el marco de las restricciones vigentes entonces por la pandemia.
La Fiscalía solicita la absolución de los agentes, quienes según su relato a raíz de la orden dada por el jefe del grupo abrieron con "un ariete la puerta de una vivienda en cuyo interior varias personas celebraban una fiesta durante el estado de alarma".
El representante del Ministerio Público imputa a los acusados un delito de allanamiento de morada, si bien a los cinco subordinados pide que les aplique la eximente completa de obrar en el cumplimiento de un deber.
LA ACUSACION SOLICITA AL JURADO QUE VALORE QUE "NADIE ESTA POR ENCIMA DE LA LEY"
La acusación ha pedido al jurado que valore que "nadie está por encima de ley" por "violar" la Constitución, mucho más "en estos tiempos de inestabilidad política" en alusión a la actual convulsión social por los pactos de Pedro Sánchez.
A su llegada a esta sede judicial, Juan Gonzalo Ospina ha destacado en declaraciones a la prensa que afrontan el juicio con "esperanza" y "bastante ilusión" desde la parte jurídica, ya que ha sido "un camino muy largo" y "un procedimiento duro" con ataques a su persona incluidos.
Para el letrado, es "un triunfo de nuestra democracia llegar hasta aquí y que un jurado popular pueda decidir si existe un delito de allanamiento demorado".
"Hubo tres decisiones judiciales que confirmaron que podrían existir indicios de criminalidad para entender que lo que se realizó fue un acto contra el derecho. Estamos hablando que unos agentes de policía que han estudiado el Código Penal, que han estudiado la Constitución Española y entraron con un ariete en época del Covid en un domicilio", ha recalcado.
Al hilo, ha recalcado que "no hubo orden judicial" ni existió delito que justificara "el derribo de esa puerta, ni flagrancia, ni urgencia, ni proporcionalidad".
"Por tanto, consideramos que estamos ante un presunto delito de allanamiento de morada y confiamos en que el jurado, nueve ciudadanos libres e iguales puedan determinar que somos todos iguales ante la ley, que en este país todos tenemos que cumplirla", ha aseverado.
"Nuestro cliente no busca venganza, simplemente que pidan perdón y que reconozcan que el domicilio es inviolable, que es un derecho fundamental, que es la esencia de nuestra dignidad porque protege nuestra intimidad. Creo que en estos tiempos de inestabilidad política, ahora más que nunca, en estos momentos que vive España, hay que ser contundente para la defensa de nuestros derechos fundamentales", ha apostillado.
DELITOS EN LA VIVIENDA
Frente a ello, el abogado Juan Antonio Frago, que defiende a dos de los agentes, ha defendido que sus clientes actuaron conforme a la legalidad al considerar que se estaban cometiendo varios delitos en el interior de la vivienda.
Esta parte sostiene que los agentes accedieron ante "la desobediencia grave" por la reiteración a la negativa a identificarse hasta en 28 ocasiones.
"Tenemos los ruidos que evidentemente de una manera reiterada, también generan un delito del 325 del Código Penal. Tenemos el móvil inmobiliario, que es básicamente las coacciones reiteradas para evitar el legítimo disfrute del derecho de vivienda de los otros vecinos", ha recalcado.
Además, recuerda que las grabaciones muestran como hay cinco personas que querían salir y fueron retenidas, ya que una persona estaba opositando a abogada del estado y los antecedentes le podrían haber impedido sus aspiraciones.
INHABILITACIÓN
En concreto, la acusación particular reclama cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta durante seis años por un delito de allanamiento de morada y daños. Subsidiariamente, el letrado Juango Ospina solicita una multa de 5.400 euros.
En su escrito, el abogado expone que lo sucedido se produjo sobre las 00.50 horas del 21 de marzo de 2021, en el curso de una intervención policial y a pesar de que no tenían ni el consentimiento de los moradores ni autorización judicial, los agentes de Policía Nacional tiraron la puerta abajo de la vivienda situada en el número 18 de la calle Lagasca de la capital, accediendo a su interior y deteniendo a los moradores.
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