Busca acabar con situaciones de discriminación al eliminar la inversión de la carga de prueba y la autodeterminación
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley con la que busca modificar quince textos legislativos en la Comunidad, entre ellas la Ley del Suelo, la Ley de Cámara de Cuentas o la de Radio Televisión Madrid, así como otras dos propuestas para introducir cambios en la ley de identidad y expresión de genero y la de protección integral contra la LGTBIfobia.
Las proposiciones se realizan por el procedimiento de urgencia, de modo que se acortarán los plazos para su tramitación. En el caso de la Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid se pretende "seguir avanzando en la línea de claridad y simplificación normativa de la Comunidad de Madrid".
En concreto, la tramitación de urgencia busca poner fin a las situaciones de bloqueo en la renovación de determinadas instituciones en las que el mandato de sus consejeros ya ha expirado, mejorar el marco regulatorio autonómico y agilizar y mejorar la eficacia de otros organismos de la Comunidad de Madrid.
En concreto, el PP ha registrado una Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid con la que pretende "seguir avanzando en la línea de claridad y simplificación normativa de la Comunidad de Madrid".
En este sentido, plantea una ley que contempla una parte expositiva, diez artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales para introducir modificaciones que afectan a un total de quince textos legislativos que regulan instituciones y órganos fundamentales.
Según el PP, se busca "dotarlos de mayor agilidad y eficacia o para superar situaciones de bloqueo en sus actuaciones", así como una homologación con la legislación estatal, "a la vez que actualizar la normativa autonómica que, conforme a la experiencia, ha demostrado la necesidad de su reforma".
Las modificaciones afectan a normativas como la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Conbsejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid, la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Igualmente, modifica la Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, la Ley de Medidas Urgentes para el para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, la Ley de Cooperativas, la Ley de creación del sistema integrado de Protección Civil y Emergencias, la Ley del Suelo, la de Protección de los Consumidores, Forestal o de Protección de la Naturaleza, Vías Pecuarias.
En este sentido, entre las cuestiones más relevantes, la nueva Ley tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones de los organismos autonómicos, fortalecer el control de las cuentas públicas a través de la Cámara de Cuentas, o habilitar al Consejo de Gobierno para que revise la vigencia de disposiciones organizativas y dar una mejor cobertura de personal al déficit sanitario en especialidades médicas.
Entre otros aspectos, contempla aumentar el aumento del número de miembros del Consejo de Administración de Telemadrid de 5 a 7 para adecuarse a la representación de los grupos parlamentarios en la Asamblea, y se reduce el mandato de 6 a 4 años, así como fijar el mandato del director general en 4 años y ampliar la duración del contrato-programa.
También contempla facilitar la labor de la Agencia de Contratación Sanitaria, cambiar la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid para suprimir el límite del mandato del presidente o incrementar hasta siete los miembros de la Cámara de Cuentas.
Asimismo, se añade una disposición adicional para mantener la cobertura de puestos de libre designación en la Comunidad de Madrid y controlar el traslado de funcionarios hacia otras administraciones. Se exigirá así, al igual que en el Estado, un informe previo favorable del departamento correspondiente para autorizar el destino por libre designación en otra administración.
LEY TRANS Y LGTBI
De forma paralela, el PP ha registrado también dos proposiciones de ley para modificar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
El objetivo, según han explicado desde el partido, es "dar mayor claridad y seguridad jurídica, así como eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI".
La tramitación de urgencia, en este caso, responde a la necesidad de "adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales y de la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos".
Entre otros objetivos, las modificaciones en la ley trans buscan "corregir algunos aspectos, ya fueran de buena fe o movidos por el afán de imponer ciertas doctrinas conocidas como 'de género', que acababan conculcando derechos como la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de cátedra y educativa de los artículos 20 y 27 de la Constitución Española, o la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución".
En detalle, alude a la inversión de la carga de la prueba, así como la 'discriminación por error', que es una variante de facto de la falta de presunción de inocencia y contraria al espíritu y la letra de nuestras leyes. "Además de la muy dudosa constitucionalidad del concepto de 'autodeterminación de género', ajeno a la Ciencia y al Derecho, y cuya introducción va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados, así como de la sociedad entera", indica el texto.
Asimismo, se señala la necesidad de adaptación con la normativa estatal sobre autodeterminación de género y expedición de documentos. "Es evidente que resulta inviable que coexistan un sistema estatal y otro autonómico sobre esta misma materia que podría ocasionar disfunciones entre la documentación derivada del Registro Civil, el documento nacional de identidad y los diversos registros y documentos personales autonómicos", alega.
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