Uno u otro deberían aceptar el envite de presentarse ante el resto de los diputados y exponer su programa de Gobierno, al margen de las decisiones que puedan tomar los nacionalistas catalanes de Puigdemont o la izquierda de Podemos dentro del Movimiento Sumar, que hoy por hoy no es un partido por más que lo vayan prometiendo para los próximos meses tanto Yolanda Díaz como su futuro jefe de Gabinete o compañero del Consejo de Ministros, Ernest Urtasun, el economista, diplomático y miembro de Comisiones Obreras que es capaz, tal y como consiguen los magos, que de la chistera de una derrota surja el consejo blanco de la victoria.
Con las obligaciones constitucionales en la mano en quince días tiene que haber un presidente o presidenta del Senado, que será del Partido Popular gracias a la mayoría absoluta que ha conseguido tras las elecciones autonómicas y municipales; y un presidenta o presidenta del Congreso que debe salir del pacto que realicen ocho fuerzas políticas presentes en la Cámara de la Carrera de San Jerónimo. Este cargo, ya de por sí importante pues es el tercero en la línea del poder constitucional, puede convertirse en la palanca que nos eviten a los españoles el ir a otras elecciones en el mes de noviembre o diciembre si Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo decidieran que no se someten a la necesaria votación que abre o cierra las puertas del palacio de La Moncloa.
Con el organigrama de Presidencia y Mesa del Congreso terminado vendrá la visita informativa al Rey Felipe y las posteriores entrevistas de éste con los portavoces de los distintos grupos para, a continuación, designar al futuro candidato a la presidencia del Gobierno. Ahí, en ese momento político, sucederá lo que no ha pasado hasta el momento en las catorce Legislaturas que llevamos en España: puede que los dos únicos con posibilidades quieran intentarlo y tendrá que ser Felipe VI quién tome la decisión de a quién se lo ofrece primero; o puede que ninguno se atreva al no tener garantizado el éxito ni en la primera ni en la segunda jornada de investidura. Tiempo muerto, indefinido, sujeto a la interpretación que puedan hacer los letrados de las Cortes e incluso el Tribunal Constitucional, todo para evitar que se eternice en el poder un gobierno en funciones, y que en dos meses se repitan las elecciones generales.
Un auténtico “marrón” el que los líderes políticos le pueden dejar al Rey, al igual que se lo dejaron al otro Felipe, el Rey de los belgas los partidos de su país durante casi dos años, para al final y merced a una coalición de siete formaciones lograr un gobierno de mayoría sin la presencia del que había ganado en las urnas. La democracia parlamentaria tiene, a veces, esas sorpresas, absolutamente legales pero que alejan cada vez más a la ciudadanía de los dirigentes que aseguran representarla.
Ese es el papel mediador que tiene la obligación de ejercer el Monarca, casi el único que le permite la Constitución. E incluso para “obligar” a que “corran los tiempos”, que se fijen los dos meses de plazo, necesita la colaboración directa de la presidencia del Congreso. Por eso es tán importante el nombre que salga elegido dentro de quince días, al igual que son importante los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios generales, así como los integrantes de la Comisión Permanente, quienes en el peor de los casos volverían a sustituir, como ya ocurrió en 2020 durante la pandemia del Covid 19 las funciones de la Cámara.
Si Pedro Sánchez puede esperar a la decisión del huido Puigdemont y la negociación de unos pactos que son inasumibles a corto plazo y que necesitarían o desembocarían en una reforma constitucional; quien no puede esperar por el deterioro que sufriría su liderazgo es Alberto Núñez Feijóo. Al final de cuentas es el ganador de las elecciones el que tiene la responsabilidad de evitar al Rey ese amargo trago, por un lado, y dejar que sean de nuevo las urnas quienes decidan a quien otorgan los españoles su confianza para sentarse al frente del Gobierno.
