Amargo, González y Rodríguez Menéndez se sentarán en el banquillo en 2023

Amargo, González y Rodríguez Menéndez se sentarán en el banquillo en 2023

martes 03 de enero de 2023, 11:26h

La primera cita judicial en los juzgados de Plaza Castilla será el próximo 13 de enero con la delegada del Gobierno en Madrid, quien está llamada a comparecer por la presunta comisión de un delito de prevaricación en el marco de una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica

La agenda de juicios para el nuevo año incluye vistas mediáticas como la que sentará en el banquillo al bailaor Rafael Amargo por la presunta venta de droga en su domicilio y al abogado Emilio Rodríguez Menéndez por una supuesta estafa a unos inversores argentinos.

La primera cita judicial en los juzgados de Plaza Castilla será el próximo 13 de enero con la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, quien está llamada a comparecer por la presunta comisión de un delito de prevaricación en el marco de una querella presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La querella se interpuso debido a que Mercedes González autorizó el pasado julio la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica cuando había reubicado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

El primer juicio esperado tendrá lugar el próximo 26 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid con el abogado Emilio Rodríguez Menéndez acusado de un delito de estafa a unos inversores con un supuesto falso negocio en Buenos Aires (Argentina) de compra y venta de petróleo.

En marzo, los días 10 y 17, se juzgará el hacinamiento de cadáveres en el sótano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), un caso que se destapó en 2014 cuando una forense denunció las condiciones infrahumanas en las que ella y sus compañeros realizaban su trabajo.

En el banquillo se sentará el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, José Ramón Mérida Velasco. El fiscal solicita una pena de 8 años de cárcel por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral.

Ya en junio, Rafael Amargo se sentará en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública por la supuesta venta en su propio domicilio de sustancias estupefacientes a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero.

La vista oral se celebrará los días 7, 8, 9 y 12 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid. El artista se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de cárcel.

Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la 'operación Codax', cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen de Amargo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave.

Sin fecha pero pendiente de juicio está la vista contra el conocido como "carnicero tatuador" de Valdemoro (Madrid), quien se enfrenta a 25 años de cárcel por presuntamente matar en 2019 a una joven de 18 años en su vivienda del citado municipio madrileño y profanar su cadáver.

El fiscal sostiene que mató a la joven en su casa, en la que había decoración satánica y en la que cortó el cadáver simulando una lámina de su cuarto.

CASO ARIETE

Para este año se espera el juicio que juzgará la denominada 'patada en la puerta'. Se juzgará a seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en marzo de 2021 con un ariete en un piso de la calle Lagasca para disolver una fiesta ilegal que se celebraba a pesar de estar vigente el estado de alarma.

El proceso penal arrancó después de que el instructor admitiera a trámite la querella que interpuso el morador de la vivienda, defendido por el despacho Ospina Abogados, por un delito de allanamiento de morada y de daños. El asunto está pendiente de señalamiento.

También está pendiente de fecha el juicio contra el director de cine y productor de películas de adultos, Ignacio Allende Fernández, conocido como Torbe, quien está acusado de distribuir pornografía infantil.

El representante del Ministerio Público, que solicita siete años de cárcel, sostiene que la difusión "viral" de un vídeo de contenido sexual en las redes sociales en el que aparecía una menor de edad "ocasionó a la testigo protegido un trastorno por estrés postraumático de intensidad media-alta".

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