El Defensor del Pueblo ha constatado que en 2020 no se realizó ninguna interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de hospitales del Servicios Madrileño de Salud (Sermas).
Así consta en la respuesta que la oficina de Ángel Gabilondo ha realizado a un escrito presentado por la líder de Más Madrid, Mónica García, por un caso de una mujer que tuvo que recurrir a la sanidad privada tras negarse a intervenirle los médicos del Hospital Clínico San Carlos al que acudió por un posible caso de rotura de placenta alegando objeción de conciencia.
Desde el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se indicó que "no puede ni debe" entrar a investigar la información solicitada por el Defensor del Pueblo, pues entiende que "los profesionales actúan acorde a conciencia y es un ejercicio personalísimo de ese derecho".
En su escrito de respuesta a Mónica García, consultado por Europa Press, el Defensor del Pueblo subraya que de los datos remitidos por el departamento de Enrique Ruiz Escudero se desprende que en la red sanitaria pública madrileña "no se realizan IVE, ni siquiera por causas médicas, siendo todas derivadas a centros acreditados".
Así, la oficina de Ángel Gabilondo subraya que, en el caso de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) hospitalarias, la Comunidad de Madrid presenta un porcentaje del 100% realizadas en hospitales privados.
Además de Madrid, únicamente cuatro comunidades autónomas tienen porcentajes de IVE hospitalarias en hospitales privados superiores al 75%: Castilla-La Mancha (99,9%), Castilla y León (82,5%), Extremadura (100%) y Murcia (100%), se señala en el informe del Defensor del Pueblo.
Por contra, en el extremo contrario se encuentran una serie de comunidades autónomas en las que más del 90% de las IVE hospitalarias se practican en centros de la red sanitaria pública: Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra.
En otros casos hay un peso significativo, aunque no tan elevado, de las IVE hospitalarias que se realizan en la red pública, como Andalucía, con el 46,2%, Aragón, con el 60%, o Galicia, con el 71,7%, según los datos ofrecidos por la institución.
"Esta ausencia prácticamente absoluta de IVE en la red sanitaria pública debería ser objeto de valoración y análisis por la consejería de sanidad, ello sin perjuicio del respeto a las decisiones individuales que puedan adoptar los profesionales sanitarios con respecto a su intervención en interrupciones voluntarias del embarazo, incluso en aquellas realizadas por causas médicas", se indica.
Por todo ello, la oficina de Ángel Gabilondo ha acordado ampliar las actuaciones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, "concretamente sobre los procedimientos de gestión empleados por los centros hospitalarios públicos en la derivación de pacientes" y, en esta línea, ha reclamado más información.
Preguntado al respecto, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha defendido que desde el Gobierno regional no pueden "transgredir" la objeción de conciencia que tienen los médicos y que ellos cumplen "estrictamente la ley".
"Nosotros lo que intentamos es defender todos los derechos que concurren en estas circunstancias pero nosotros no podemos evitar, que es algo constitucionalmente reconocido, que el médico tiene derecho a la objeción de conciencia", ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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