Familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura enterradas en el Valle de los Caídos esperan que Patrimonio Nacional retome de forma inmediata los trabajos para proceder a las exhumaciones en cumplimiento de la sentencia que avala la extracción de restos mortales del Cuelgamuros.
Así lo reclaman después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya levantado tras ocho meses de suspensión la medida cautelar que impedía las exhumaciones.
El abogado Eduardo Ranz, experto en Memoria Histórico y abogado de la familia de los hermanos fusilados en Calatayud Manuel y Antonio Lapeña, ha celebrado la sentencia al ser "positiva" para las víctimas.
Al respecto, Ranz ha subrayado que nada impide retomar los trabajos de extracción de los restos de los hermanos Lapeña en cumplimiento de la sentencia que lo avaló en 2016 para que vuelvan a Aragón.
Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos. Hace seis años, una sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial reconoció el derecho a una "sepultura digna" para los hermanos Lapeña, y estableció que los restos mortales fueran entregados a su nieta.
Las obras para acceder a la cripta arrancaron en julio de 2018, pero se paralizaron por la tardanza de informes técnicos y la suspensión de la concesión de la licencia de obras.
Tras la sentencia del TSJM, los familiares tienen la esperanza de que por fin se de cumplimiento a la sentencia que dio luz vez a exhumar los restos de los hermanos.
"Se trata de un pleito sobre medidas cautelares, que habitualmente dura 15 días y en este caso han sido 8 meses. La abogacía del Estado ha hecho un gran trabajo, en un pleito nada sencillo", ha destacado el letrado a Europa Press.
En la sentencia, los magistrados revocan el auto por le que se acordó suspender de forma cautelar la concesión a Patrimonio Nacional de la licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Los magistrados concluyen que "no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la licencia urbanística concedida", indicando que ello debe llevar "a estimar el recurso de apelación interpuesto por Patrimonio Nacional y, con revocación del auto apelado, denegar la medida cautelar solicitada".
La Sección subraya que "no se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que excedan de las propias de mantenimiento, consolidación y recuperación que son las permitidas en la ficha del Catálogo. La apertura de huecos sería restituible al estado anterior sin excesiva dificultad".
SUSPENSIÓN CAUTELAR
En noviembre de 2021, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.
La suspensión se produjo al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó en abril de 2021 a este Ayuntamiento la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión alegando el "Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas".
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