Ana María Cameno, conocida como 'La Reina de la Coca', se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia Nacional contra ella y otros presuntos miembros de la organización que supuestamente dirigía, donde se enfrenta a una condena de 25 años de cárcel por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
"No voy a declarar", ha dicho cuando el presidente del tribunal, José Antonio Mora, le ha preguntado si iba a contestar a las cuestiones planteadas por la Fiscalía Antidroga, su defensa y el resto de las partes.
Cameno es la principal acusada en este juicio. El Ministerio Público la sitúa como la líder de una red de narcotráfico que en 2014 habría vendido más de 100 kilos de cocaína por unos 15 millones de euros que habría blanqueado a través de transferencias a Panamá.
Su expareja, José Ramón Mora Parra, acusado de los mismos delitos y para quien el Ministerio Fiscal interesa 21 años de cárcel, continúa en busca y captura. El tribunal ordenó detenerlo el lunes, después de que no compareciera a la primera sesión del juicio, que finalmente se pospuso a este martes por otros motivos.
Según el relato de la Fiscalía, Cameno se dedicaba a "actividades encaminadas a la distribución y venta a terceros de sustancia estupefaciente, concretamente cocaína". Y, con ese propósito, de una parte, "mantenía contactos regulares tanto con suministradores como con los encargados del transporte" de la droga, mientras que, de otra, Mora Parra "se ocupaba de los pagos correspondientes a las ventas" y de las gestiones para la "ocultación" de los beneficios.
A pesar de que Cameno y Mora Parra "no disponían de actividad económica real desde 2012", "disfrutaban de un alto nivel de vida", destaca el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público. Habían adquirido distintos inmuebles y vehículos y tenían importantes cantidades de dinero en efectivo.
Para lavar el dinero de la droga, Cameno y su entonces pareja habrían encargado a una persona de confianza que contactara con David García Asenjo, otro de los acusados, quien dispondría de "un entramado financiero y societario" para reintegrar los fondos en el circuito legal.
LAS CALETAS, ALGO HABITUAL
En el banquillo de los acusados se sientan además otros once presuntos miembros de la organización encabezada por Cameno. Para ellos, el fiscal antidroga Ignacio de Lucas solicita penas de entre 4 y 13 años de prisión.
Rubén Isaac Blanco, uno de los encausados al que se vincula con uno de los vehículos que se habría usado para mover la droga, ha contado que se dedicaba a la compraventa de coches y que fue en ese contexto en el que conoció a otro de los acusados, Miguel Ángel López Palencia, que se habría ocupado de la carga y descarga de la cocaína. A Cameno la conocía porque sus madres eran amigas desde hacía tiempo pero "llevaba meses sin verla".
Blanco ha asegurado que creyó en todo momento que López Palencia era un "intermediario", no el dueño, de un coche que estaba interesado en comprar. Interrogado sobre por qué comerciaba con vehículos con compartimentos ocultos, ha sostenido que "mucha gente" instala caletas, como joyeros y propietarios de discotecas. "Una persona que haga una facturación de caja bastante elevada no lo mete en la guantera", ha manifestado.
También ha comparecido como acusado el guardés de una finca de Cameno situada en Medina del Campo. En la inspección de su vivienda se encontraron una báscula de pesaje, una máquina de embalar y rollos de plástico, cuya tenencia ha justificado indicando que los usaba porque se dedicaba a criar pollos y gallinas y a cultivar cilantro.
"Con eso me sostenía un poco", ha comentado, detallando que le pagaban "400 euros en la mano" y, además, le dejaban vivir en la casa destinada al guardés y usar el terreno para esas pequeñas tareas agropecuarias.
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