Los actos incorrectos o prácticas de empleo indebidas podrán haber sido cometidos durante el periodo de seguro o con anterioridad al mismo, siempre que a la fecha de efecto de esta póliza fueran desconocidos por el asegurado
La empresa municipal de limpieza (LYMA) ha contratado una póliza de seguro para sus consejeros y directivos a fin de amparar aquellas reclamaciones contra ellos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Los actos incorrectos o prácticas de empleo indebidas podrán haber sido cometidos durante el periodo de seguro o con anterioridad al mismo, siempre que a la fecha de efecto de esta póliza fueran desconocidos por el asegurado.
Además, cubrirá los gastos de abogados y de asesoramiento para la restitución de imagen a través de asesores externos de relaciones públicas y comunicación, debidamente cualificados, con objeto de mitigar o reparar daños a su reputación o imagen pública, incluida la publicidad negativa, derivados de una reclamación en su contra.
También los honorarios por asesoramiento y gerencia de riesgo en situaciones de crisis o para recibir asistencia psicológica como consecuencia de una reclamación, así como las multas y sanciones administrativas impuestas por un acto incorrecto o por prácticas de empleo indebidas.
No obstante, quedan exentas las multas derivadas del incumplimiento o violación de la legislación fiscal, ni aquellas otras que tuviesen naturaleza penal.
La aseguradora pagará los gastos de defensa en los que hubiese incurrido una persona vinculada a un miembro del consejo de administración para su defensa a raíz de una reclamación, siempre que fuera codemandada por un acto incorrecto.
La empresa municipal de limpieza ha adjudicado esta póliza de seguros para autoridades y directivos por 16.500 euros durante un año, según el acta al que ha tenido acceso Europa Press, así como otras cuatro para daños materiales y responsabilidad civil de la flota de vehículos (129.242 euros), un seguro de accidentes (6.101 euros), seguros de responsabilidad civil medioambientales (5.720 euros) y un seguro colectivo de vida de los trabajadores (92.052 euros).
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