La asociación expone que los hechos expuestos son constitutivos de "un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 510 del Código Penal"
La Asociación Ciudadanía Progresista 'Progresa' ha presentado un escrito de personación como acusación popular en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra Vox por el cartel electoral en el que se compara la pensión de jubilación con el coste mensual destinado a los menas.
El procedimiento se encuentra en este Juzgado, si bien lo relativo a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía de Madrid para la retirada del cartel cayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 48. La juez denegó las cautelares, lo que ya ha sido recurrido por el Ministerio Público.
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la asociación expone que los hechos expuestos son constitutivos de "un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 510 del Código Penal".
Así, invoca su derecho a ejercer como acusación "existiendo la suficiente capacidad de obra general de esta parte "respecto del posible delito de odio como consecuencia del carácter público de la acción penal". Igualmente, solicita que se le dé vista de lo actuado hasta ahora, para así poder solicitar las pruebas que considere necesarias.
En su recurso, el fiscal insiste en la medida cautelar para la retirada del cartel electoral de Vox contra los menas al afirmar que constituye "una estigmatizacion negativa, intolerante y prejuiciosa" hacia los menores, han informado fuentes fiscales.
La juez Carmen Rodríguez Medel, de guardia cuando entró la solicitud de medidas cautelares, argumentaba en su auto que se requiere de "algo más para hablar de un hecho que merezca reproche penal" al no entrañar la imagen del cartel una "incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo", tal y como exige la jurisprudencia.
Rodríguez Medel alegaba que no se dan los requisitos contemplados en la ley para adoptar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Madrid en su escrito en aras a la protección de la dignidad de los menores.
El cartel electoral del Vox visualiza la imagen del rostro de una mujer mayor a quien se atribuye la condición de "abuela" y se imputa como coste económico en concepto de pensión la cantidad de 426 euros.
En contraposición, se plasma en el mismo cartel la imagen de un mena que representa a un joven "racializado de piel oscura con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo", a quien el coste que se atribuye al mantenimiento de estos menores es de 4.700 euros al mes.
En su recurso, el fiscal insiste en que la caracterización de un menor no nacional en la forma que se visualiza en el cartel publicitario constituye "una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa" hacia todo el grupo.
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