Un juez archiva denuncia contra Naturgy por los cortes de luz en la Cañada

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta el pasado diciembre por familias del Sector VI de la Cañada Real Galiana contra Naturgy por los cortes de luz, un sobreseimiento que será recurrido por la defensa de los afectados.

La denuncia se presentó el pasado 16 de diciembre ante los Juzgados de Madrid por parte de vecinos de la Cañada Real para poner en su conocimiento el corte de luz sobre 4.000 personas desde el 2 de octubre, en los Sectores V y VI, que podría constituir delito de coacciones sobre la vivienda, trato degradante, lesiones y daños.

El letrado defensor ha explicado que se aportaron diferentes informes médicos que recogían las afecciones a la salud generadas por los cortes de luz, tales como "intoxicaciones, graves problemas respiratorios, agravamiento de pacientes crónicos, etc".

La denuncia apuntaba a la responsabilidad en los hechos por parte de Naturgy y de la Comunidad de Madrid, administración con las principales competencias en la zona dado el incumplimiento del Pacto Regional que establecía la garantía del suministro eléctrico. El 25 de enero se amplió la denuncia aportando nuevos hechos y elementos de juicio.

El letrado informó de la instalación de reconectadores por parte de Naturgy antes del corte de luz, habiendo "una clara relación causa-efecto entre la intervención de Naturgy y el corte", aportando nuevos informes médicos sobre el deterioro de la salud de la población (intoxicaciones, infecciones respiratorias, hipotermias, quemaduras por uso de estufas y cuadros ansiedad-depresión).

De igual modo, se presentaron informes científicos que relacionan la pobreza energética con el aumento de riesgos de todos los agravamientos a la salud.

También se aportaron los pronunciamientos públicos denunciando la vulneración de Derechos Humanos en la Cañada Real efectuados por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Arzobispo de Madrid, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y así una larga lista de instituciones y personalidades.

Pese a ello, el abogado ha afeado que el juez solo haya solicitado un informe a la propia Naturgy, parte denunciada, que ha sido remitido al Juzgado y sirve a "éste como única prueba para dictar un auto de sobreseimiento provisional".

El contenido del auto recoge que la causa del corte son "las elevadas sobrecargas de la red eléctrica por conexiones ilegales masivas, desconocidas y descontroladas". Además, apunta que en el sector 5 se ha subsanado la situación contando con luz desde el 27 de noviembre al haber desaparecido de forma repentina las sobrecargas.

Recoge el auto que después del verano de 2020 la entidad suministradora instaló dos dispositivos seccionador-interruptor, reconectadores en cada uno de los ramales de la línea que va del sector 5 al sector 6, supuestamente para evitar cortes en el municipio de Rivas.

La defensa ha criticado que el juez toma la versión de Naturgy como la única existente, sin hacer ninguna otra averiguación, lo que le lleva al punto de decir que el suministro está restablecido en el Sector 5 desde noviembre, lo cual es palmariamente falso.

Asimismo, ha criticado que no se haya realizado "ninguna comprobación a pesar de lo solicitado por los denunciantes que pedían un informe pericial independiente, una visita a la zona y otras actuaciones de investigación".

Las asociaciones de vecinos de Cañada Real han convocado una concentración frente a la Asamblea de Madrid, a las 12.00 horas, en reclamación de "luz inmediata, contratos regulares y una comisión de seguimiento".

CUATRO MESES SIN LUZ Y EL PASO DE FILOMENA

Vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana llevarán este jueves sus protestas frente a la Asamblea de Madrid para reclamar el restablecimiento del suministro eléctrico en la zona tras tres meses cortados; un tiempo en el que sus habitantes han vivido a oscuras, entre otros, la Navidad y el paso de la borrasca 'Filomena'.

Este jueves, además, el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, intervendrá en el Pleno del parlamento madrileño para responder, a petición del Grupo Socialista, sobre la situación actual de este enclave chabolista.

En el mes de octubre comenzaron los cortes del suministro eléctrico, ya que, según la suministradora, hay sobrecargas de la red a raíz de los enganches ilegales al tendido, que estarían vinculados, según la Comunidad, a plantaciones de marihuana en la zona que provocarían un "consumo industrial".

Estas plantaciones de marihuana han sido el principal punto de fricción entre la Delegación del Gobierno en Madrid y la Comunidad, ya que la primera asevera que se ha actuado en reiteradas ocasiones en el enclave, pero que para ello necesitan un mandato judicial.

Asimismo, el delegado, José Manuel Franco, ha solicitado en reiteradas ocasiones que no se utilice esta cicatriz urbana como "arma arrojadiza" entre administraciones.

Una visión que no comparte el Gobierno de Ayuso, quien ha reiterado a lo largo de estos meses que el problema son las plantaciones y ha instado a la Delegación a que despliegue un "operativo" especial para acabar con ellas.

NATURGY OFRECE A RIVAS UNA BRIGADA PARA ELIMINAR ENGANCHES

Pasadas ya las Navidades y la borrasca, desde la empresa suministradora de electricidad, Naturgy, se ofreció al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid --en el que está el Sector V-- desplegar una brigada para eliminar los enganches en la Cañada y así intentar solucionar el problema de abastecimiento.

La empresa había recalcado unos días antes, el 7 de enero, que "nunca" había cortado la luz a los vecinos de la zona, sino que se debía a sobrecargas en la red. De hecho, durante el temporal llevaron bombonas de butano a la Cañada ante la negativa de los vecinos a irse.

En esa misma semana los alcaldes de Madrid y Rivas, José Luis Martínez-Almeida y Pedro del Cura respectivamente, se reunieron para atajar la situación de la Cañada y llegaron a la conclusión de que era necesaria una reunión que sentase en la misma mesa a ambos regidores, a Delegación del Gobierno y a la Comunidad para dar "un nuevo impulso" a los realojos.

DENUNCIA CONTRA NATURGY Y LA COMUNIDAD

En diciembre, afectados por los cortes presentaron una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Naturgy por la presunta vulneración de Derechos Humanos en las cerca de 4.000 personas damnificadas por la interrupción del suministro.

El abogado de estas personas, Javier Rubio, --en representación de la Asociación Tabodal-- interpuso la demanda y cifró en más de 40 personas las intoxicadas por inhalación de gas por utilizar otros medios para calentarse, mientras que un niño presentaba síntomas de congelación.

Asimismo, cargó contra la forma de "echar balones fuera" por parte de las administraciones al "escudarse" en las plantas de marihuana. "Si hay sobrecarga, que se suba la potencia, y si hay plantaciones, que se desmantelen", planteó.

LA COMUNIDAD DEFIENDE QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO EL PACTO REGIONAL

Una visión que no comparte el Ejecutivo regional que reivindicó este miércoles en la Comisión de Vivienda y Administración Local que se está cumpliendo el Pacto Regional Por la Cañada Real Galiana.

En este espacio, el comisionado para la Cañada, José Tortosa, pidió "voluntad política" a los agentes implicados para encontrar soluciones a los cortes de suministro eléctrico.

Asimismo, ha asegurado que el Pacto no debe concebirse como algo "estático", sino que debe ser "susceptible de mejora y cambio". "Solo desde la fortaleza y el compromiso podremos encontrar esa solución favorable de la Cañada Real", ha apostillado.

VARIAS ORGANIZACIONES MUESTRAN SU PREOCUPACIÓN

Varios políticos, como el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, o la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, han mostrado su preocupación por la situación en la zona.

Al igual que organizaciones como la Archidiócesis de Madrid o Cáritas. Esta última envió el 23 de diciembre un escrito a la Fiscalía General del Estado para que interviniese ante la situación que se está viviendo en el poblado chabolista, que afecta a "1.200 familias, de las cuales 1.800 son niños".