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Primera denuncia en los juzgados contra Naturgy y la Comunidad tras la muerte de un vecino en la Cañada

Primera denuncia en los juzgados contra Naturgy y la Comunidad tras la muerte de un vecino en la Cañada

miércoles 13 de enero de 2021, 19:13h
La denuncia es por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro al vincular su muerte con los cortes de luz. Asociaciones de la Cañada firman junto a 100 entidades una carta al Gobierno

La familia de un vecino de 74 años del Sector VI de la Cañada Real presentará este miércoles en los juzgados y ante la Fiscalía de Protección de Mayores una denuncia contra altos cargos de la Comunidad de Madrid y Naturgy por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro al vincular su muerte con los cortes de luz que están afectado a varios sectores de la zona.

Desde hace dos meses, dos de los sectores de la Cañada Real están siendo afectados por cortes de luz como consecuencia de la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados, de hasta siete veces el consumo normal según la Comunidad de Madrid. Esta semana, los vecinos han tenido que afrontar las bajas temperaturas traídas por la borrasca Filomena.

El fallecimiento de este vecino de 74 años se produjo el pasado 2 de enero. El hombre empezó el pasado 17 de diciembre a encontrarse mal, refiriendo todo el tiempo que "tenía mucho frío y que se encontraba destemplado, y en su voz se notaba que estaba constipado".

También mantenía un tono depresivo por el corte de luz, decía que no entendía lo que sucedía y porqué no podían tener calefacción y se mostraba callado y pesimista sobre la situación. El 2 de enero se produjo el fallecimiento repentino, tras llevar dos semanas afirmando que sentía un frío del que no se podía deshacer.

Tras certificar el fallecimiento por parada cardiorespiratoria, los servicios del SUMMA le realizaron una prueba PCR para comprobar si podía ser coronavirus y dio negativo.

Se trataba de un varón de 74 años, gozaba de buena salud y no tenía antecedentes relevantes antes del corte de suministro, sin embargo su estado se fue deteriorando en poco tiempo y de manera concomitante al frío intenso y a la falta de suministro eléctrico en su vivienda.

Había sido peón de la construcción y en la actualidad percibía una pensión no contributiva, conviviendo con esposa y otros familiares. Su familia presenció su fallecimiento en el mismo momento en que se aprestaban a tomar un vehículo para ir a un médico a que le vieran.

La defensa ha señalado que la denuncia pretende que se tomen declaraciones de varios testigos del fallecimiento y que se investigue a fondo el fallecimiento y su relación corte de luz y la falta de restablecimiento del mismo.

OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO

En el escrito, se atribuye indiciariamente un delito de omisión del deber de socorro a las autoridades de la Comunidad de Madrid, en concreto el Comisionado de Cañada Real Galiana, alto cargo de la administración.

El abogado ha subrayado que su único cometido era "hacer cumplir el Pacto y proteger a la población de la Cañada Real, así como al responsable o responsables de la empresa Naturgy que por acción u omisión no han restablecido el suministro".

"La inacción ante la situación que se avecinaba en Cañada Real Galiana es culpable pues el riesgo para la salud venía siendo advertido por múltiples organismos, incluidos médicos del servicio madrileño de salud, el Defensor del Pueblo, el Comisionado para la Pobreza Infantil, el arzobispo de Madrid y varios Relatores de Naciones Unidas", ha recalcado la defensa.

A finales de diciembre, el juez de Madrid acordó abrir diligencias para investigar la denuncia interpuesta por afectados por los cortes de Luz también han presentado esta mañana una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Naturgy/Unión Fenosa por la presunta vulneración de Derechos Humanos respecto a las más de 4.000 personas damnificadas por la interrupción del suministro eléctrico.

ASOCIACIONES DE LA CAÑADA FIRMAN UNA CARTA AL GOBIERNO PIDIENDO EL CESE DE LOS CORTES DE LUZ

Asociaciones con base en la Cañada Real como la vecinal Alshorok Sector 5 o la cultural Tabadol han firmado junto con más de cien entidades una carta al Gobierno reclamando el cese de los cortes de luz que se siguen produciendo.

La carta se dirige al presidente, Pedro Sánchez; a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Ha sido firmada también por la parroquia San Carlos Borromeo, en Entrevías.

Al menos doce barrios de todo el Estado están sufriendo cortes en los suministros básicos cuando, como han defendido en un comunicado, "las administraciones han de garantizar el derecho a una vida digna".

Critican "el posicionamiento de las administraciones públicas del lado de los intereses privados de las compañías eléctricas (Endesa, Naturgy u otras) rindiéndose ante un discurso simplista, desoyendo sus obligaciones con la ciudadanía y alejándose de la protección de los derechos fundamentales".

Las organizaciones han apuntado que "las compañías eléctricas dejan sin suministro de manera permanente o repetitiva a distintos puntos del territorio español, como a la Cañada Real, mientras "aumentan sus beneficios millonarios y suben el precio de la luz un 27 por ciento".

Las firmantes advierten de que "las administraciones públicas asumen y comparten el discurso de las eléctricas, vinculando de manera vaga y generalizada la ausencia de suministro con el cultivo de marihuana".

"Las eléctricas tienden a criminalizar y responsabilizar a los vecinos y vecinas de estos barrios, dejando al margen del discurso factores como la ausencia o antigüedad de las infraestructuras eléctricas en estas zonas o su obligación de garantizar un servicio a sus clientes", han sostenido.

"BOMBA DE RELOJERÍA SOCIAL"

Argumentan que "la explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando pero criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social, y resulta profundamente injusto y estigmatizador".

Y también han recordado que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado varias veces al respecto de los argumentos expuestos por las compañías eléctricas y las administraciones expresando que resultan "falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia".

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