Madrid contrata vigilancia antiokupación para solares y edificios

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en la reunión de la Junta de Gobierno un contrato plurianual por 1,4 millones de euros (177.500 euros en 2020; 710.000 euros en 2021 y 532.000 euros en 2022) para evitar la okupación de solares, edificios y naves municipales tras la usurpación de 14 terrenos públicos, ha detallado el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en rueda de prensa.

Este contrato es paralelo al que cuenta la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). El edil ha señalado que el Ayuntamiento no dispone de vigilantes de seguridad ni de la dotación especializada que se requiere para estas tareas, por lo que resulta necesario contratar un servicio externo.

"De haber existido un contrato similar con anterioridad se hubieran evitado okupaciones y mal uso de solares municipales como, por ejemplo, en el paseo de la Dirección o en el solar de Antonio Grilo, 8, que dificultan enormemente cualquier acción, como la construcción de un centro de salud en este último", ha lamentado Fuentes en la rueda de prensa.

Las situaciones en las que será necesario prestar este servicio, así como el período de tiempo durante el que se deberá mantener dependerán de las necesidades que surjan en cada momento.

En función del riesgo y de las características del inmueble, los servicios de vigilancia que incluye el contrato son varios ya que no sólo protege contra las posibles okupaciones, sino también de los asentamientos ilegales, el vandalismo o los vertidos de escombros incontrolados debido a la falta de vigilancia.

Es por eso que habrá vigilancia presencial permanente mediante una dotación de vigilantes de seguridad sin armas en los pisos, locales, edificios y solares. En algún caso, esta vigilancia requerirá equipación con un vehículo a motor. Se unirá a la vigilancia sin presencia permanente pero con verificación personal (vigilancia dinámica) y vigilancia a través de sistemas de alarma con verificación personal (servicios de acuda) en aquellos pisos, locales, edificios y solares que por sus características no requieran de la presencia de un vigilante permanente.

Este contrato se suma a las otras acciones que está poniendo en marcha el Gobierno municipal para luchar contra este fenómeno, como el plan antiokupación, también del área de Desarrollo Urbano, por valor de 1,5 millones de euros, para desalojar y derruir naves e inmuebles okupados en muy mal estado y donde se realizan actividades delictivas o la próxima creación de la Oficina Municipal Antiokupación para asesorar a las comunidades que no sepan cómo enfrentarse a este problema.

ANTONIO GRILO

Preguntado por la situación del solar municipal en la calle Antonio Grilo, en el distrito Centro, el delegado ha contestado que se está pendiente del desalojo porque la actual okupación "impide la construcción de un centro de salud" por parte de la Comunidad.

La fecha del desalojo "la tiene que dar el juez". "Nosotros (a través de la Junta de Centro y del área) tratamos de hacerlo amistosamente porque no podemos cederlo así a la Comunidad pero los okupas y quienes se aprovechan de lo ajeno no han facilitado la labor. Consideran que es mejor un centro de verano o la presentación de un libro antes que un centro de salud, con la necesidad que hay en el centro", ha sostenido.

Fuentes, después de hacer un repaso por las naves okupadas demolidas en julio en Villaverde y una vivienda en la carretera de Carabanchel-Aravaca, ha hecho un llamamiento al Gobierno de la Nación "para que inicie la tramitación de las distintas propuestas por los diferentes partidos".

Sin datos oficiales "porque la Delegación de Gobierno no publica desde 2018 las cifras de okupación que les trasladan Policía Nacional y Guardia Civil", Fuentes ha cifrado en "más de 657" las viviendas okupadas en Madrid, "la segunda ciudad más afectada tras Barcelona", y ha reclamado a la institución que dirige José Manuel Franco que coordine el servicio de seguridad contra la okupación creado hace dos años y facilite los datos.