Los okupas del centro social `La Yaya´ abandonan el edificio por "motivos jurídicos"

Los okupas del centro social autogestionado CSO 'La Yaya' han abandonado esta semana el edificio, situado en el número 74 de la calle Juan Álvarez de Mendizábal de Madrid por "motivos jurídicos" tras ser denunciado por la propiedad y que el Ayuntamiento había clausurado el local por el bar sin licencia situado en el interior.

"Comunicamos el cese de actividades y el cierre del centro La Yaya. Ya hicimos un anuncio provisional parecido en febrero, pero queremos hacer oficial que nos vemos obligados a abandonar el espacio por motivos jurídicos. Gracias a todos los que habéis estado dándole vida, tanto desde la asamblea como participando en los eventos. El espacio muere, pero el proyecto permanece, en todos y cada uno de los CSOs. ¡10, 100, 1000 centros sociales!", han señalado el colectivo en redes sociales.

'La Yaya', que llevaba en esa nave del barrio de Argüelles desde 2017 pese a la oposición de gran parte de los vecinos, ya había advertido antes de a pandemia que la única alternativa que les quedaba era la "resistencia".

La Agencia de Actividades del Ayuntamiento remitió un trámite de audiencia previo al cese de la actividad a raíz de denuncias de la Policía, que constataron que allí "se está ejerciendo la actividad de bar especial con actuaciones en directo sin la preceptiva licencia de funcionamiento o declaración responsable". De continuar con esta actividad, se enfrentarían a una importante multa, han indicado a Europa Press fuentes municipales.

Ya a principios de 219 se debatió esta situación en la Junta del distrito y el PP pidió que las áreas competentes y la Policía adoptara las medidas legales necesarias para el cese de las actividades ilegales que tenían lugar y cesaran las molestias a los vecinos.

Con el nuevo equipo de Gobierno, exponen estas fuentes, se "han impulsado" una serie de medidas, todos los mecanismos que tiene el Ayuntamiento "sin ser una propiedad municipal", para "lograr que se marcharan".

Por ejemplo, se han realizado inspecciones de la Junta de Distrito para constatar la ausencia de permisos para llevar a cabo las actividades que realizaban (con los consiguientes riesgos de sanción) y otras acciones de carácter policial. Además, el propietario del inmueble emprendió acciones legales ante la usurpación del inmueble.