La juez del caso del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, rechaza imputar en esta causa al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, tal y como solicitaba la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que integran afectados por covid-19 y cuya personación como acusación popular es la única admitida por el momento.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 recuerda a esta parte --cuya permanencia en la causa condiciona a la presentación de poder especial y prestación de 1.000 euros en concepto de fianza-- que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.
Añade, en relación a Simón, que esta causa no se dirige contra él y que además su juzgado tiene evidencia de que al menos otros dos órganos judiciales en la capital tienen asuntos ya registrados en trámite contra el director del CCAES por los mismos delitos que la Asociación de Consumidores pretende acusar, por lo que les conmina a que se dirijan a dichos juzgados.
CAUSAS CONTRA SIMÓN PENDIENTES DE ADMITIR
Las causas contra Simón aludidas por la juez Rodríguez-Medel han recaído en lo juzgados de instrucción números 11 y 53 de Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, y se encuentran pendientes de admisión, en el trámite de informe previo por parte de la Fiscalía. También entró en el Juzgado de Instrucción número 9 la que presentó una víctima de covid-19 antes de morir por los presuntos delitos contra la salud pública, por lesiones y homicidio por imprudencia profesional, aunque ésta última podría haber decaído.
En cuanto a la del Juzgado de Instrucción número 11, ha sido presentada por la abogada Verónica Suárez en representación del hijo y del nieto de una mujer fallecida por covid-19 también contra Simón por homicidio imprudente. Esta segunda familia ha pedido la cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para el epidemiólogo.
Las mismas fuentes descartan que podían haberse presentado incluso querellas en otros juzgados diferentes aún pendientes de tramitar, como la instada por la propia Asociación de Consumidore y Usuarios José María Mena tambien contra Simón y otros cargos del Ministerio de Sanidad, según puede consultarse en la página web de esta organización.
NO AMPLIA DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN
Por otro lado, la magistrada ha rechazado la solicitud de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena de ampliar la denuncia inicial para imputar al conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno, por delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades por permitir la masiva manifestación del 8 de marzo.
"No procede admitir la ampliación toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos allí enunciados", explica Rodríguez-Medel en su providencia, que también remarca que la petición de la asociación no identifica a esos funcionarios.
En otro punto de la providencia dada a conocer este viernes, la magistrada acuerda citar como testigos el 11 de junio, un día después de que acuda Franco a declarar, a los promotores de siete manifestaciones que estaban convocadas en marzo y a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran.
El relato de estas llamadas consta en el informe realizado por la Guardia Civil y que se basa en las declaraciones que los investigadores tomaron en sede policial a los promotores de estas protestas, los cuales dijeron que estas comunicaciones se dirigían a "sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria creada por el covid-19". Algunos testigos hablaron de que les llamó "una funcionaria", otros dijeron que "un funcionario" y en un caso se dio el nombre de "un tal 'José Luis'".
Para valorar el alcance y aclarar estos hechos descritos por el Instituto Armado, a partir de las 15.30 horas del 11 de junio, Rodríguez-Medel cita, por este orden, a representantes de varios colectivo: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.
UNA CAUSA EN LA QUE MUCHOS QUIEREN PERSONARSE
También deniega la juez la personación en la causa de letrado Javier Fernández Torres, al no cumplir su escrito con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Crimal (LeCrim) ; y de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con las cuestiones formales y por dirigir su acusación contra Fernando Simón Soria, "que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento", insiste.
Ante la "multitud de escritos que se están recibiendo en este procedimiento por quien no está personado y en relación con hechos que no son objeto de la presente investigación", la juez reitera que estas solicitudes sólo pueden articularse por representaciones legales que formalmente hayan sido tenido por parte en este procedimiento, "personación como acusación popular que hasta ahora nadie ha cumplido" por lo que únicamente se contaba con las representaciones que ejercen el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
UNION DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL PIDE SER ACUSACION
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid solicitando su personación, como acusación popular, en la causa en la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una presunta prevaricación administrativa por autorizar la marcha feminista del 8-M en Madrid.
La decisión de esta organización de ser parte en este procedimiento fue adoptada por su Junta Directiva el pasado miércoles, coincidiendo con la polémica surgida de la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M. Este hecho ha sido criticado duramente por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.
La petición se realiza con el objetivo de que la representación procesal de esta asociación pueda estar presente el próximo 10 de junio en la declaración de Franco como investigado, día en el que se ha citado además a otros testigos, y también para poder pedir las diligencias que consideren oportunas como acusación popular en los hechos que se investigan.
La personación de la Unión de Oficiales llega después de conocerse el informe elaborado por la Guardia Civil para la juez y que tiene por objetivo esclarecer la actuación del delegado del Gobierno en Madrid a principios de marzo, cuando Franco autorizó la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer que, según el denunciante, sirvió de marco para múltiples contagios por covid-19 apenas unos días antes de que se decretara el estado de alarma.
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