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Reabierto el juicio contra vigilantes de un centro de menores por agresión a menas
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Reabierto el juicio contra vigilantes de un centro de menores por agresión a menas

jueves 20 de febrero de 2020, 11:42h
Han transcurrido más de tres años desde que supuestamente sucedieron los hechos según los cuales 4 menores --dos de ellos ahora en paradero desconocido-- habrían sido agredidos por vigilantes de la Residencia Infantil 'Isabel Clara Eugenia' destinada a la primera acogida de niños en desamparo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso judicial contra varios vigilantes de seguridad de la residencia de menores 'Isabel Clara Eugenia' que supuestamente agredieron a cuatro residentes hace años.

Más de tres años han transcurrido desde que supuestamente sucedieron los hechos según los cuales 4 menores de entre 12 y 15 años --dos de ellos ahora en paradero desconocido-- habrían sido agredidos en dos ocasiones por vigilantes de seguridad de la Residencia Infantil 'Isabel Clara Eugenia' destinada a la primera acogida de niños en desamparo.

Entre los días 31 de octubre de 2016 y 7 de noviembre de 2017, Fundación Raíces tuvo conocimiento de estos dos episodios de supuestas agresiones y denunció los hechos ante el Juzgado de Guardia, como un posible delito de lesiones y contra la integridad física y moral, al constatar "la ausencia total de mecanismos de denuncia accesibles para los niños que son tutelados por la Administración, cuando la violencia que sufren es por parte de personal de la propia Institución que debería protegerles".

El 13 de diciembre de 2016 el Juzgado de Instrucción número 30 acordó transformar el procedimiento en juicio por delito leve, decisión que fue recurrida por Fundación Raíces ante el propio Juzgado, primero, y ante la Audiencia Provincial, después.

Mediante un auto fechado el 3 de noviembre de 2017, el juez estimó el recurso interpuesto por Fundación Raíces, "ante la gravedad de los hechos denunciados, el material probatorio existente,..." y consideró que, antes de poder transformar el procedimiento, el Juzgado debía efectuar una instrucción mayor, practicando las diligencias de identificación e investigación que habían sido interesadas por la parte denunciante.

Tras la práctica de algunas diligencias impulsadas por Fundación Raíces, el 28 de mayo de 2018 el Juzgado de Instrucción acordó sobreseer provisionalmente el procedimiento. Esta decisión fue recurrida por Fundación Raíces ante la Audiencia Provincial, recurso al que, esta vez, se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, que consideraba que, al menos, existían indicios de la existencia de un delito leve de lesiones.

El pasado 18 de diciembre de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por Fundación Raíces y ha devuelto los autos de nuevo al Juzgado de Instrucción número 30, ordenando que se abra juicio oral por delito leve, que ha quedado señalado para el próximo 25 de febrero.

Los magistrados de la Audiencia que dictan el auto consideran que "resulta evidente que se han producido lesiones sobre los menores, cuya correcta valoración jurídica debe ser objeto del pertinente juicio oral a fin de confirmar o no la causación de presuntos delitos", según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

FUNDACIÓN RAÍCES: "NO ES UN CASO AISLADO"

Fundación Raíces ha señalado que el caso de estos cuatro niños "no es un caso aislado" y durante estos años ha recibido el testimonio de 57 menores que relatan haber sufrido agresiones físicas y psíquicas por parte de personal de las residencias de protección de menores de la Comunidad. Casi la totalidad de los niños son extranjeros, excepto dos niñas que son españolas, todos ellos con edades comprendidas entre los 12 y 17 años.

En la mayoría de los casos, según relatan los niños, las agresiones habrían sido cometidas por vigilantes de seguridad y, en muchos casos, en presencia de educadores, que, en alguna ocasión, también habrían sido agresores y en ocasiones en presencia de los mediadores, según datos de esta entidad.

"La gran mayoría de los niños relatan que cuando han pedido denunciar, desde las residencias no se les ha facilitado el acceso a la denuncia, en muchos casos no se les ha acompañado a ser atendidos a los centros de salud u hospitales y, como mucho, se les ha curado en el propio centro. Aseguran que el personal de los centros les habría amenazado con que si denunciaban o iban a Fundación Raíces tendrían diversas consecuencias negativas en su proyecto de vida, tales como que se iban a quedar 'sin papeles', sin permisos para residir en España, sin protección, etc", han señalado.

Del total de los 60 menores que se han dirigido a Fundación, solo 28 se han decidido a formalizar denuncia ante la Policía o juzgados y los demás, por distintas razones, principalmente el miedo, no lo han hecho. Las lesiones más comunes, tal y como acreditan los partes médicos, son traumatismos en cabeza y extremidades, esguinces de cuello, lesiones que han requerido sutura, heridas con sangre, brechas en la cabeza, hematomas, escoriaciones, etc.

Según Raíces, muchos de los casos se han sobreseído provisionalmente por no encontrar a los menores víctimas en el procedimiento, "porque normalmente no se adoptan medidas cautelares de alejamiento y a los niños se les obliga a volver al centro y a convivir con el supuesto agresor, lo que supone en ocasiones que los menores se marchen o que desistan de continuar con la denuncia por miedo a posibles represalias".

El Defensor del Pueblo en una contestación a Fundación Raíces sobre una queja interpuesta en relación a la situación de estas dos residencias infantiles, señala que "de la información facilitada por la Comunidad de Madrid, se desprende que no existe un protocolo interno para el esclarecimiento de las agresiones que se producen en el centro, por lo que se ha planteado a la consejería que valore la conveniencia de establecerlo".

Según Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, "España no puede esperar ni un minuto más para implantar sistemas de prevención, detección, denuncia, intervención y reparación ante cualquier situación de violencia, ejercida por el personal de los centros de protección y reforma, contra la infancia que reside en ellos y la ley de Violencia contra la Infancia que está cerca de aprobarse, debe contemplar estos supuestos y diseñar mecanismos de denuncia accesibles para los niños y niñas".

"Situaciones de maltrato como las que relatan estos niños y niñas y la falta de mecanismos accesibles a los niños y niñas para prevenir, denunciar y defender sus derechos, les abocan a mal vivir en la calle, a huir de los centros y como consecuencia muchos de ellos y ellas acaban siendo víctimas de todo tipo de abusos, explotación e incluso de una posible desaparición", ha añadido.

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