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Rivas se querella contra un funcionario por falsificar una deuda
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Rivas se querella contra un funcionario por falsificar una deuda

lunes 27 de enero de 2020, 13:02h
Le acusa de delitos de falsedad documental, prevaricación y estafa procesal por presunta manipulación de documentos para reclamar a esta localidad una deuda de unos 10 millones por el envío de residuos a la planta de Valdemingómez

El Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto una querella criminal por delitos de falsedad documental, prevaricación y estafa procesal contra un funcionario del Consistorio madrileño en relación a expedientes utilizados para reclamar a esta localidad una deuda de unos 10 millones por el envío de residuos a la planta de Valdemingómez desde 1987 a 2012, mediante documentos presuntamente manipulados.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, incorpora un informe pericial en el que se detectan "anomalías" e indicios de falsificación en expedientes aportados para reclamar esta deuda, pues se adjuntan documentos referidos a la década de los 80 que están elaborados con tecnología que no estaba en el mercado al menos hasta 1995.

En la querella, que el Consistorio registró el viernes, el Ayuntamiento detalla que mantiene una controversia "histórica" con Madrid por la tasa de uso de Valdemingómez, que se extiende desde 1986 hasta la actualidad.

Rivas relata, tal y como ha avanzado el diario 'El País', que a partir de 2012 el Ayuntamiento de la capital empieza a reclamar por la vía de apremio una serie de cantidades giradas desde 1986 a 22011 con el concepto "deudas vertederos municipales".

Así, la Dirección de la Agencia Tributaria de Madrid embargó por ello la parcela denominada 'Capanegra' mientras que el Consistorio ripense instó a Madrid a revisar dicho oficio de embargo, pues se ceñía sobre un bien que correspondía al patrimonio público.

Tras comprobar que dicha revisión de embargo no se produjo, el Ayuntamiento de Rivas decidió interponer un recurso contencioso administrativo en 2013 por esta cuestión y fue en ese procedimiento cuando la corporación apreció expedientes que podrían estar manipulados por el funcionario al que se dirige la querella, documentos en definitiva que sirvieron para aplicar el procedimiento tributario de embargo.

"Los documentos que esta parte entiende están manipulados son esencialmente diligencias por las que se acumula la deuda. Al insertarlas a lo largo del expediente administrativo, el Ayuntamiento de Madrid completó un expediente administrativo, inactivo durante periodos temporales considerables, con documentos que se presumen falsos", han expuesto.

LA TECNOLOGÍA USADA EN LOS DOCUMENTOS NO ESTABA DISPONIBLE

Para ello, Rivas alega en su querella que la sospecha de falsificación de determinados documentos se desprenden de que la tecnología disponible en esos años, pues están datados de 1986 en adelante, "no permitiría crear un documento como los que constaban en dicho expediente".

Concretamente, apunta a que un expediente administrativo de recaudación presenta un formato "idéntico" desde la datada el 21 de 1987 a diciembre de 2004, "sin que se consigne el nombre del funcionario pero siendo idéntica la rúbrica consignada en ellas y de igual formado a las de 1986 aun cuando tiene fechas posteriores que se extienden hasta el año 2013".

Prosigue en la misma línea la querella respecto a otros expedientes en los que aprecia falsedad. Para sustentar la querella, el informe pericial encargado por Rivas en el que se concluye que la tecnología de la época "no permitía la generación de tablas o cuadros ya que no fue hasta 1988 cuando Word Perfect (el formato utilizado en varios documentos) incluyó esta características, además de forma "muy limitada a la capacidad de impresión, principalmente por impresoras matriciales de agujas".

Además, el informe mantiene que desde 1987 a 2012 hay documentos de los que se desprende que su creación "ha sido reciente y que han sido predatados", ya que "no alternar su contenido, ni lenguaje, ni expresiones en la serie que va desde 1987 hasta 2004 y desde 2006 hasta 2012".

"La tecnología disponible en 1987 no permitiría crear un documento como el presentado con esa fecha y posteriores hasta varios años después. La tecnología necesaria para generar la serie de documentos con la resolución que presentan no estaba disponible en el mercado hasta 1995, como muy temprano", prosigue la querella.

El Ayuntamiento de Rivas, en base al informe pericial, apunta a "anomalías y cuestiones observadas en el documento, implican una descontextualización de la temporalidad y unos indicios de manipulación del sentido y contenido de las mismas, que sugieren que no deban ser admitidos como prueba en ningún proceso al presentar las suficientes anomalías y evidencias técnicas para dudar de su autenticidad", dado que el formato se ha mantenido "inalterado" desde 1987 hasta 2013".

DEUDA "HISTÓRICA" DE MADRID CON RIVAS

En el Pleno del Ayuntamiento de Rivas acordó también a que Madrid reconozca que mantiene una "deuda histórica" con esta localidad porque desde 1967 hasta 1978 "vertió ocho millones de toneladas de basura de forma incontrolada sobre la ciudad" en el que era conocido como vertedero de Autocampo, que fue el "mayor foco de residuos descontrolados del sur de Europa".

También detalla la moción que el entonces alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, "en reconocimiento a esa deuda medioambiental y económica", dejó exenta a Rivas de abonar la tasa por el uso de la planta de Valdemingómez.

Ese acuerdo fue asumido, según el texto de la iniciativa, por todos los alcaldes de la capital a excepción de 2010, coincidiendo con la etapa de Alberto Ruiz Gallardón, aunque fue la exregidora Ana Botella quien dejó de reconocer ese acuerdo con Rivas en 2012, que tuvo que comenzar a verter residuos en el ya clausurado vertedero de Alcalá, lo que supuso costes medioambientales y económicos.

"Es decir, no solo se nos niega a Rivas a una compensación por el tremendo daño sufrido durante una década sino que reclaman unas cuantías (10 millones) que no debíamos abonar por el acuerdo compensatorio cuando se encontraba en vigor, una deuda que sigue judicializada a día de hoy", desgrana la moción.

Tras recordar que fue en 2017 cuando se alcanzó de nuevo un acuerdo con Madrid, en la etapa de Ana Botella, pagando una tasa "sin ningún tipo de modificación", afea al Consistorio madrileño que vuelva a cuestionar dicho acuerdo.

Por tanto, el Pleno de Rivas insta a negociar un nuevo convenio con Madrid que lleve a un "reequilibrio económico por ambas administraciones" y se tomen medidas legales en caso de que la capital no abone 26 millones de euros que fueron sufragados con presupuestos municipales para la "descontaminación del incontrolado vertedero".

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