Si con 167 escaños Pedro Sánchez tuvo suficiente para lograr la investidura y seguir de presidente del Gobierno, venciendo a la dura oposición de la derecha; para la nueva y crucial batalla que le espera tiene que conseguir 43 votos más. Y esa cifra no se alcanza sin la firma de un acuerdo de paz con Pablo Casado.
Dos meses después de las elecciones del 10 de noviembre el nuevo Gobierno juraba o prometía ante el Rey. La Legislatura estaba en marcha y los ministros y sus equipos han comenzado a gobernar. La batalla en el Congreso la ganaba Sánchez por la mínima, pero la ganaba. No ha necesitado los 180 votos que le llevaron por primera vez a La Moncloa a través de la moción de censura.
Acuerdo de coalición por la izquierda ( Podemos e Izquierda Unida ), acuerdo de gobernabilidad por la derecha ( PNV, sobre todo ) y favores puntuales desde ese centro- izquierda - derecha - independentista que es la ERC catalana. Una fuerza de choque, un ejército insuficiente para afrontar la próxima gran batalla que tiene que librar al frente de sus generales y generalas.
Desde agosto de 2018 el gobierno de los jueces está en funciones. Su cambio, desde el CGPJ al Supremo, pasando por el resto de organismos judiciales que terminan decidiendo la suerte de una gran parte de los temas de la política y la economía patria, depende de una combinación matemática: dos tercios de los votos en el Congreso y en el Senado.
Veinte jueces, magistrados y juristas, que tienen que salir de una “criba” previa que hagan las Asociaciones y las dos Cámaras. Siempre se ha necesitado un acuerdo entre los dos grandes partidos. Unica forma de llegar a los 210 “ propietarios” de escaño en el Congreso que digan sí a los nombres propuestos. Hasta ahora, con dos elecciones por medio, ha sido imposible.
Es la gran baza de Pablo Casado mientras no deja de mirar a su derecha y el gran miedo de Pedro Sánchez que no deja de mirar a su izquierda. Durante cinco años los 20 componentes del Consejo General del Poder Judicial tendrán un poder inmenso. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Tres reformas sucesivas del artículo 122 de la Constitución no han conseguido despolitizar la Justicia. Más bien todo lo contrario. En 2003 el entonces ministro, Alberto Ruíz Gallardón, intentó una cuarta, que se quedó en el cajón.
El inestable equilibrio entre la voluntad interna y corporativa de jueces y magistrados ( y sus asociaciones ) y las propuestas claramente políticas de los partidos hace que las negociaciones se alarguen y fracasen con el consiguiente desprestigio del sistema elegido para la elección, y del propio sistema judicial y sus protagonistas.
A las pocas horas de la puesta en marcha del Gobierno, tanto Sánchez como su principal socio, Iglesias, ya han comprobado que esta batalla va a ser la más dura y difícil. El CGPJ va a emitir su parecer sobre la nueva Fiscal General, pero de paso ya le ha hecho saber al vicepresidente segundo que no le han parecido nada bien sus opiniones sobre la justicia española frente a la justicia europea.
Carlos Lesmes y Angel Juanes, presidente y vicepresidente del Consejo, con el primero también de presidente del Supremo, vieron como el Rey firmaba sus nombramientos tras muchos pactos políticos y borrados de nombres. Sus sustitutos deberán lograr y mantener una independencia del poder político - y del económico, más soterrado pero también presente - que no les lleve a la confrontación permanente siguiendo el ejemplo de la clase política. Equilibrio difícil pero del que dependen que los ciudadanos crean en la Justicia con mayúscula o en el aprovechamiento de la misma. Felipe VI les espera. La Monarquía también se juega mucho en ese territorio.
