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La Comunidad recurre la anulación de la venta de 3.000 viviendas del Ivima a fondos buitre

La Comunidad recurre la anulación de la venta de 3.000 viviendas del Ivima a fondos buitre

miércoles 15 de enero de 2020, 11:59h
Han presentado un "incidente de nulidad de actuaciones" contra el auto del TS, del 19 de noviembre, ya que cae en una "infracción del artículo 24 de la Constitución"

La Comunidad de Madrid ha recurrido la anulación de la venta de 3.000 pisos del antiguo Ivima en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora en 2013 por 201 millones de euros dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ratificada posteriormente, al desestimar los recursos de casación ante esta sentencia, por parte del Tribunal Supremo (TS) el pasado diciembre.

Según el recurso de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid fechado el 13 de enero de 2020, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha presentado un "incidente de nulidad de actuaciones" contra el auto del TS, del 19 de noviembre, ya que cae en una "infracción del artículo 24 de la Constitución".

El texto busca así que se admita el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional, ya que entiende que en su desestimación se ha incurrido en "un defecto de arbitrariedad" por diversas causas, entre las que identifican una "incongruencia por desviación", otro error por "afirmar que la cuestión esencial" por la que se presentó el recurso "no ha sido tratada" y, por último, una incongruencia omisiva "al no contestar otra cuestión esencial suscitada" durante el recurso de apelación, "el emplazamiento de terceros interesados".

Al respecto, el letrado de la Comunidad de Madrid, expone en el texto dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que la "aplicación arbitraria de la norma procesal" radica primero en que el recurso cuestionaba que los efectos de la sentencia --la nulidad de la venta-- se debiesen aplicar a terceros --al resto de inmuebles-- y no solo al recurrente.

"Sin embargo nada tiene que ver lo que se cuestiona (alcance o efectos de la sentencia estimatoria) con lo que señala el auto, que es remitirse al razonamiento que hizo la sentencia de 22 de noviembre de 2017 --dictada por el TSJM--, que expone que tras la enajenación, la vivienda queda sujeta al régimen jurídico privado en lugar de público, lo que afecta a la vivienda del arrendatario y en consecuencia le legitima para recurrir", expone letrado.

Ante ello, considera que ha habido una incongruencia por desviación, ya que el TS al desestimar su recurso se expresa no por lo cuestionado por el mismo --si los efectos deberían estar limitados al recurrente--, sino sobre cuestiones como "no se cuestiona" --el régimen jurídico de la vivienda--.

UN ERROR "PATENTE" CON "TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL"

A continuación, también censura que en el rechazo al recurso ante el TS se asegure que la pretensión de la Comunidad de que "la nulidad debe ser referida únicamente a la vivienda del arrendatario reclamante" no había sido tratada en la sentencia y que, por ende, "el recurso de casación debe ser inadmitido"; a pesar de que corrobora que el Ejecutivo regional "suscitó en su recurso de apelación" la cuestión relativa al alcance de la sentencia. "Con los debidos respetos dicha consideración supone un error patente con trascendencia constitucional", prosigue el texto de la Abogacía General del Gobierno autonómico.

Por último, también percibe una incongruencia omisiva relativa a la necesidad de emplazamiento de los terceros que adquirieron el resto de viviendas, cuestión que planteó el Ejecutivo en su recurso ante el TS ya que deberían haber sido llamados al afectarles también la sentencia.

Por estos motivos entiende que ha habido una "infracción del principio de proporcionalidad" con la inadmisión a trámite del recurso de casación y sobre estas cuestiones sustenta el "incidente de nulidad" con el que busca dejar sin efectos esta decisión del TS y que finalmente dicte en su lugar un auto de admisión del recurso de casación.

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones).

Estos inmuebles vendidos pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

PEREZ: DEFENDEMOS "LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS AFECTADOS"

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha explicado este miércoles que la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contra la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la anulación de la venta de 3.000 pisos del antiguo Ivima en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora en 2013 por 201 millones de euros para "defender los intereses de la propia Administración pero sobre todo también los intereses de los afectados".

En declaraciones a los medios, Pérez ha precisado que "hay más de mil afectados que han comprado ya su vivienda y que en este momento pueden tener la intranquilidad de no saber qué va a pasar con su vivienda".

Estos son particulares que "después de un periodo en el que estuvieron disfrutando de unas condiciones de protección decidieron comprar esa vivienda al fondo", de manera que "son terceros afectados que de buena fe compraron su vivienda y que ahora se pueden ver perjudicados por esta sentencia".

"También para defender a esas personas la Comunidad de Madrid tiene que agotar sus recursos a la hora de defender los intereses de esas personas y de la propia Administración", ha insistido el consejero de Vivienda, quien ha reiterado el compromiso del actual Gobierno de no volver a recurrir a este tipo de operación.

Aunque ha considerado "prematuro" adelantar qué pasará si el Tribunal Supremo desestima el recurso de Abogacía General de la Comunidad de Madrid, fechado el 13 de enero de 2020, ha avanzado que, en ese caso, "el siguiente paso ya sería un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

"Ahora el paso procedimental que correspondía era presentar este escrito de nulidad para el que había una fecha tope que vencía justo estos días y a partir de ahí esperaremos a ver qué se resuelve sobre ese escrito y en función de eso ya nos plantearíamos otros pasos", ha manifestado.

Pérez ha indicado que el Gobierno regional no ha mantenido conversaciones con los citados afectados, al tiempo que ha aseverado que "en este momento, lo que correspondía, una vez consultada la Abogacía General, era presentar este escrito".

"Hemos explicado en ese escrito las razones por las cuales entendemos que ese auto pudiera incurrir en alguna causa de nulidad y a partir de ahí esperaremos y como siempre acataremos cualquier decisión de la Justicia sobre una venta que se produjo hace muchos años", ha apostillado.

En esta línea, ha señalado que este Gobierno "ahora se ha encontrado esta sentencia", que ratifica la anulación de la operación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al desestimar los recursos de casación ante esta sentencia, y "tiene que tomar las medidas legales que correspondan y, consultada la Abogacía General, lo que correspondía ahora era presentar este escrito de nulidad y esperar una decisión en ese sentido".

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