En mitad de esta semana, el jueves 19 está marcado en rojo. Ese día se sabrá si Junqueras gana al Tribunal Supremo español y abre la puerta para una triple victoria del independentismo catalán. El árbitro está en Luxemburgo y lleva funcionando desde 1952. Lo preside un belga y es un polaco el que enseñó la tarjeta amarilla a España.
La sentencia del TJUE va a influir de forma decisiva en la política española de estos días. Puede favorecer la investidura de Pedro Sánchez o hacerla zozobrar cuando más cerca estaba el inicial pacto del presidente en funciones con Pablo Iglesias de producir el primer gobierno de coalición de nuestra reciente democracia.
Los 13 escaños que maneja el portavoz de ERC en el Congreso y el preso Junqueras desde LLedoners son imprescindibles para que el candidato socialista consiga la investidura. En esa espera, tanto desde dentro del PSOE como desde el interior del PP las diferencias de criterio por parte de algunos dirigentes territoriales se hace cada día más patente.
Desde el socialismo se pide que no se consiga el poder gracias al precio que piden los independentistas catalanes; y desde el lado popular se pide que haya una abstención calculada para que los votos de ERC no hagan falta. Lo que ninguno explica es lo que pasará después, cuando haya que abordar los Presupuestos Generales del Estado y la tarea de gobierno durante cuatro años.
Lo poco que sabemos los periodistas y los ciudadanos es que habrá por lo menos dos vicepresidencias - que pueden ser tres si se mantiene a Carmen Calvo en la de carácter político - una para Pablo Iglesias - tal vez bajo el apellido de social - y otra para Nadia Calviño - segura en Economía - con lo que el reparto de esferas de influencias entre PSOE y Podemos estará claro y podrá evitar enfrentamientos internos innecesarios y dañinos para el futuro Ejecutivo.
El número final de carteras ministeriales es otro de de los misterios pero es más que probable que existan más de las actuales para dar entrada a tres o cuatro representantes de la formación morada. Política liberal en lo económico bendecida por Bruselas, el BCE y el Fondo Monetario; y política socialdemócrata en los temas más sociales, entre los que estarán las pensiones, el salario mínimo, la sanidad y el medio ambiente.
Sánchez e Iglesias, cada uno con su llave colgada del cuello, tienen los nombres. Sus segundos y terceros están encargados de cerrar los acuerdos con el resto de fuerzas representadas en el Congreso que son necesarias para llegar a los votos que aseguren la investidura, ya sean Abalos, Lastra, Echenique o Gabriel Rufian.
Desde Monclo dan por echo que contarán con los dos votos que representa Errejón, al igual que con los que pertenecen al PRC cántabro, el Compromís valenciano, el de Teruel Existe, el del BNG e incluso los dos canarios.
Los cálculos están hechos pero las exigencias de los pequeños se multiplican en el transcurrir de los días. El último en exigir “movimientos” al gobierno en funciones ha sido el presidente Revilla, que quiere en el plazo de quince días que se firme el acuerdo del tren a Cantabria. Petición a la que se sumarán las del resto de representantes de minorías autonómicas y regionales. Tanto para la elección final de un presidente de la Nación, como para los posteriores Presupuestos.
Cuestión de dineros y de promesas que justificarán los votos recibidos lejos de las grandes formaciones. De los 22 grupos con representación parlamentaria, los 18 que acudieron al palacio de La Zarzuela a dar su opinión al Rey no van a estar quietos viendo como gobierna - si finalmente lo hace - Pedro Sánchez. Al líder del PSOE le esperan meses y años muy difíciles, tanto en nuestro país como en la esfera internacional.
