El líder del PSOE teme que sus enemigos, internos y externos, boicotén la formación del nuevo gobierno con Podemos. De ahí lo crucial de que las negociaciones con ERC lleguen a buen puerto cuanto antes
L
os silencios del PSOE y ERC son el mejor y casi el único indicativo de que se mantiene el optimismo para llegar a un acuerdo que permita que los republicanos se abstengan, al menos, en la investidura del líder socialista, siempre que Puigdemont lo permita o que Junqueras se atreve a desafiarle.
Voluntad parece que hay tanto en el PSOE como en Esquerra Republicana (ERC) para llegar a un acuerdo que permita investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, pero el camino no parece fácil y las negociaciones entre los equipos de Pedro Sánchez y de Oriol Junqueras avanzan a paso de cangrejo con lo cual va a ser difícil que el pacto pueda hacerse efectivo antes de las navidades como quieren los socialistas que temen que cualquier retraso de alas a los boicoteadores de su alianza con Podemos.
Oriol Junqueras y su jefe de negociadores, Gabriel Rufián, saben que Sánchez tiene mucha prisa y tratan de sacar lo mejor posible con la vista puesta en Carles Puigdemont y en Quim Torra que son los que dirigen el procés y los que pueden acusarles de botiflers como ha ocurrido en otras ocasiones cuando los republicanos han intentado desmarcarse de la hoja de ruta marcada desde Waterloo. El hecho de haber perdido dos diputados en las elecciones del 10N y de que Puigdemont ganase uno, además de los dos que consiguió la izquierda de la CUP han dejado a ERC más tocada de lo que parece.
Sin embargo, tanto en el PSOE como en Podemos, domina el optimismo, que junto al hermetismo con el que se llevan las negociaciones, hace pensar de que están más avanzadas de lo que parece a simple vista y que sus protagonistas no quieren que los medios de comunicación las malogren con alguna filtración que eche abajo el acuerdo final.
A simple vista lo que exige ERC para abstenerse en la investidura -votar a favor es más complicado- es que se abra una mesa de negociación entre el Gobierno central y el Gobierno catalán, de tu a tu, aceptando de que el problema catalán es político y que hay que buscar la fórmula para que se pueda llegar a un referéndum legal y vinculante. ERC, en principio, se conformaría con la simple promesa porque a la vista está que el PSOE no puede convocar la mesa antes de la investidura de Sánchez.
De hecho, la negociación no ha hecho más que empezar y ya la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha acusado al vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, de "desleal" por haber dicho que no es necesario que el presidente del Govern, Quim Torra, esté en una eventual mesa de negociación con el Gobierno. Los republicanos catalanes exigen una mesa de negociación entre gobiernos, sin apriorismos ni temas vetados, con calendario y con garantías de cumplimiento, aunque no especifica que tipo de garantías exigiría a Sánchez una vez que esté investido y ya no necesite a ERC.
Los equipos negociadores -Adriana Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa por parte del PSOE y Gabriel Rufián, Marta Vilalta, y Josep María Jové, por parte de ERC- son el simple escaparate de unas negociaciones que se llevan en la trastienda lejos de las miradas de los medios de comunicación y que solo trascienden a cuenta gotas como ha ocurrido con los votos particulares de los tres magistrados cercanos al PSOE en el Tribunal Constitucional que han votado en contra de la sentencia del TC de que no se han vulnerado ni el derecho fundamental de libertad personal de Oriol Junqueras en aplicación de la prisión provisional, ni el derecho a la participación y representación políticas y acceso a cargo público, ni el derecho a la defensa ni tampoco el derecho a la legalidad penal.
En este caso, como ocurrió en la sentencia del procés, rebajando a la mitad las penas pedidas por la Fiscalía, se adivina la mano de Pedro Sánchez intentando convencer a ERC de su buena voluntad de negociar, pero la maniobra ya le salió mal la primera vez cuando Puigdemont se negó a aceptar la “sentencia suave” del Supremo y lanzó su tsunami que hizo arder Barcelona durante una semana provocando de paso que el PSOE perdiera tres diputados el 10 N y que de paso Vox y el PP subieran.
