Abierto expedente por irregularidades en la planta de biometanización

La Comunidad ha abierto un expediente contra la Mancomunidad de Residuos del Sur porque en la planta de biometanización de Pinto supuestamente llevan más de cinco años sin sistema de recuperación de calor ni control continuo de las emisiones de gases contaminantes, un informe que podría acabar con una sanción de hasta 200.000 euros y posible clausura de la instalación durante dos años.

El pasado 23 de septiembre Ecologistas en Acción presentó ante el Área de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid una detallada denuncia contra la Mancomunidad del Sur por "graves irregularidades" en la operación de la Planta de Biometanización y Compostaje de Pinto.

En el año 2007 se implantó en la planta de Biometanización un sistema, denominado "de recuperación de calor" o "ciclo de cola", que superó los 2,4 millones de euros de inversión, por el que la energía calorífica de los gases de combustión de la quema del biogás se aprovechaba para producir energía.

Dos años después, en 2009, se implantó también un sistema automático de medición en continuo de los gases contaminantes emitidos. La implantación de dicho proyecto supuso un desembolso de 150.000 euros adicionales y permitió disponer de un elevado grado de precisión y fiabilidad en la medición de las emisiones de gases contaminantes de una instalación situada a apenas tres kilómetros de ciudades que suman más de 250.000 habitantes.

Tras ello, la planta recibió la Autorización Ambiental Integrada para poder operar. Durante el verano de este año 2019, Ecologistas en Acción visitó los alrededores de la planta.

"Para nuestra sorpresa, pudimos comprobar cómo tanto el sistema de recuperación de calor como el sistema automático de medición de gases contaminantes, se encuentran ambos completamente desmantelados. De hecho, incluso la chimenea de evacuación de gases de la caldera de recuperación de calor se encuentra ahora tirada en el suelo, perfectamente visible a gran distancia. La comprobación de imágenes aéreas de años anteriores permite comprobar que esta escandalosa situación se lleva dando desde el año 2014", ha denunciado la ONG.

Un mes después de presentada nuestra denuncia, la Dirección General de Economía Circular les informado del inicio del procedimiento sancionador, algo que han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Podría terminar en un sanción de hasta 200.000 euros y la clausura temporal de la instalación por un plazo de dos años.

Los hechos denunciados pueden ser constitutivos de una Infracción grave por incumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada, así como por no tomar las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento para evitar accidentes o incidentes. Y es que, según Ecologistas, los hechos denunciados, "además de vulnerar gravemente la legislación ambiental y de despilfarrar más de 2 millones de fondos públicos, podrían suponer un riesgo para la seguridad, salud y calidad de vida de los habitantes de las localidades cercanas".

"Esperamos y confiamos que el procedimiento ahora iniciado avance y concluya en una sanción ejemplarizante contra unos hechos tolerados y sospechosamente no detectados hasta ahora por ninguna Autoridad o Administración. A pesar del tiempo transcurrido (más de 5 años) no ha sido hasta la presentación de nuestra denuncia cuando se ha iniciado un trámite sancionador. Además, exigimos que dichos sistemas de mejora de la eficiencia energética y de control de las emisiones contaminantes vuelvan cuanto antes a estar operativos", añaden.

Ecologistas en Acción ha indicado también que actualmente sigue emitiéndose de manera continua "un ingente chorro de gases nauseabundos de fortísima coloración amarilla de los cuales no se está realizando un control en continuo".

"Estas emisiones inundan diariamente los hogares del Sur de Madrid de un enfermizo olor que fue, precisamente, lo que nos puso en alerta y nos llevó hasta las puertas del vertedero a descubrir este grave escándalo medioambiental. Un escándalo que, como no podía ser de otra manera, ha provocado gran indignación entre los ciudadanos de Pinto, Getafe y San Martín de la Vega, hartos de sufrir las consecuencias de albergar desde hace más de 3 décadas uno de los mayores vertederos de Europa a apenas tres kilómetros de sus casas", ha concluido.