El Pleno aprueba personarse en la querella por "malversación de fondos" de Emgiasa

El Pleno Ordinario de Alcorcón ha aprobado que el Ayuntamiento se persone "en calidad de perjudicado" en las diligencias previas sustanciadas en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción nº2 de la localidad tras la querella presentada por presunta "prevaricación y malversación de fondos públicos" en Emgiasa.

Esta iniciativa ha sido impulsada por Alcaldía y aprobada con los votos a favor de PSOE, UPGA y Cs, las dos abstenciones de Vox y una del PP, dado que el resto de los ediles se ausentaron del Pleno.

Así, proposición se refiere a la que presentó el pasado mes de marzo la actual regidora, cuando era portavoz del grupo municipal socialista, Natalia de Andrés, contra la concejal del PP Susana Mozo, por entonces consejera delegada de Emgiasa, y el resto de personas "que durante el curso de la investigación se deduzca su participación en los hechos", según se recoge.

La Audiencia Provincial ordenó al Juzgado que tomase declaración a las partes para determinar si continuaba con el proceso --anulando así la inadmisión de la denuncia del 9 de mayo, tras el pertinente recurso de apelación--. De momento, De Andrés ya lo ha hecho en calidad de querellante y se espera que la querellada lo haga próximamente.

La denuncia está motivada por la resolución del contrato del Centro de Creación de las Artes (CREAA) y el hecho de que la consejera delegada lo ejecutase de forma "unipersonal" (9 de marzo 2012) a través de un convenio y sin contar con el consejo. Además incluyó "una cláusula de confidencialidad", según denunció en su momento la actual regidora.

Todo, "a sabiendas de que Emgiasa iba a entrar en concurso de acreedores", dado que se había presentado de forma voluntaria el 28 de febrero, han puntualizado fuentes socialistas.

En este sentido, recogen que "se habría reconocido a las empresas hasta 34 millones de euros, pagando el Ayuntamiento directamente 29 con el fondo de proveedores", sin que hubiera constatación del alcance de las obras, cuando estas fueron paralizadas, "y sin que la Dirección Facultativa emitiese certificado alguno".

A esto se sumaría, que de este importe había "casi 2,4 millones en acopios (material que nunca llegó al edificio del CREAA) sin justificar".

Por todo ello, tras solicitar un informe a la asesoría jurídica, el Ayuntamiento se presentará como afectado con el objetivo de que "de dictarse sentencia firme a favor de la querellante le correspondiese la posible indemnización de los daños y perjuicios ocasionados".

Algo que desde el PP han criticado, ya que lo consideran una acción "política y soez, una cortina de humo para tapar sus vergüenzas", en la que se usará el dinero de los contribuyentes "para sustentar la querella de De Andrés, lo que podría ser constitutivo de delito, porque la Fiscalía es la que defiende los intereses municipales".

"Mi grupo se ha ido del Pleno porque no va a participará en este juego sucio del PSOE", ha señalado la 'popular' Ana Gómez, quien ha advertido que "cuando los juzgados archiven este tema, que lo harán, este será un boomerang y se pedirá responsabilidades a todos aquellos que lo están llevando a cabo". Además, ha recalcado que fue el Gobierno socialista el que había dejado "toda la deuda".

Desde la bancada socialista, Candelaria Testa ha insistido en que no es entendible "y huele mal" que Mozo reconociese tal cantidad a través de con un "contrato privado" y la pagase "a sabiendas de que se había presentado concurso voluntario".