El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha prohibido cautelarmente al fondo Fidere vender las 1.860 viviendas que adquirió a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que en 2013 adquirió el fondo de inversión Blackstone y que ahora gestiona está sociedad.
Así lo ha señalado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta las medidas cautelares solicitadas por la asociación de afectados por la venta de las viviendas de la EMVS.
La resolución judicial establece que los responsables de Fidere se abstendrán a partir de ahora de proceder a cualquier enajenación o "gravamen" de contratos de arrendamiento sobre estos inmuebles.
Concretamente, decreta a Fidere que "de manera inmediata y en adelante se abstengan de cualquier enajenación o gravamen o contrato de arrendamiento de esos bienes sin que de manera expresa y escrita se haga constar en los documentos en que se plasme una eventual transmisión, la constitución de un eventual gravamen o la celebración de cualquier contrato de arrendamiento, la existencia de este procedimiento y la sujeción de los inmuebles transmitidos al destino de esta causa penal debiendo ser suscrito este contenido específicamente por todas las partes contratantes".
"Todo ello bajo la advertencia de que una conducta contraria a este mandato podría ser constitutivo de un delito de frustración de la ejecución, de insolvencia punible o, en su caso, de desobediencia u otro", añade el auto.
El juzgado exige una fianza de 29 millones de euros a los dos acusados en la causa reabierta por la Audiencia Provincial sobre la venta de estas viviendas, Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS, y Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda, y de la que, en caso de no satisfacerla, Fidere responderá subsidiariamente. En el caso de Oslé, además, se fija otra fianza de 3 millones de euros.
LA AUDIENCIA PROVINCIAL REABRIÓ EL CASO
En mayo de este año, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso de la venta de vivienda pública al fondo de inversión Fidere por el equipo de Gobierno presidido por la exalcaldesa Ana Botella (PP).
Con ello, se decretaba continuar la investigación por los posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude que pudieran haber cometido los investigados anteriormente mencionados por esta enajenación de viviendas públicas.
El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid explica en su resolución que se tiene que considerar la hipótesis de una posible sentencia condenatoria, que supondría "una recuperación de una titularidad tanto de la propiedad como, en su caso, del contrato de arrendamiento".
"Está admitida por la jurisprudencia como contenido de la reparación civil del delito la anulación de los negocios traslativos del dominio u otros derechos reales, así como la cancelación de las inscripciones derivadas de tales negocios. Ante tal situación, parece que la medida cautelar más idónea ha de consistir en la publicación en el Registro de la Propiedad del ejercicio de una acción judicial que puede conducir a la revocación del título adquisitivo del titular inscrito, de forma que los actos posteriores de transmisión o gravamen no afecten a la plena efectividad de la sentencia que pueda dictarse", ahonda el auto.
Por tanto, acuerda admitir las medidas cautelares "de inmediato" para evitar "comprometer el buen fin de las mismas", sin perjuicio de los correspondientes o eventuales recursos que puedan interponerse por los afectados. En este punto, justifica las medidas cautelares para asegurarse "la eventual posible ejecución de una condena que pudiese declarar la nulidad o ineficacia, por injusta o prevaricadora, de la actuación administrativa y de los contratos referidos", en alusión a la venta de viviendas de la EMVS al fondo de inversión.
En un informe de la Cámara de Cuentas también se señalaba que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios. A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías.
CALVO: EL AUTO SIRVE DE "ESCARMIENTO"
El todavía vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) de Madrid, José Manuel Calvo (Más Madrid), cree que el auto que prohíbe cautelarmente al fondo Fidere vender las 1.860 viviendas que adquirió a la EMVS puede "servir de escarmiento, sea quien sea el titular de la Administración, que pueda tener la tentación de vender patrimonio público y más en esas condiciones".
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez acepta las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Afectados por la Venta de las Viviendas de la EMVS. Y prohíbe a Fidere vender las 1.860 viviendas que adquirió a la EMVS que en 2013 compró el fondo de inversión Blackstone y que ahora gestiona esta sociedad.
Calvo ha hecho una valoración muy positiva del auto de medidas cautelares porque indica que la querella interpuesta en su momento "puede tener recorrido". Además, las cautelares "son muy contundentes: prohíbe la venta de esos pisos y se dictan dos fianzas muy duras, una solidaria a todos los responsables, y otra en particular a Fermín Oslé Uranga, quien fuera consejero delegado de la EMVS".
"Las medidas cautelares van por el buen camino. Estamos muy satisfechos del trabajo realizado" dirigido por el anterior equipo de Gobierno, de Ahora Madrid, cuyos concejales aún están al frente de la EMVS, Calvo como vicepresidente y Marta Higueras como presidenta.
El auto considera incluso la hipótesis de una posible sentencia condenatoria, que supondría "una recuperación de una titularidad tanto de la propiedad como, en su caso, del contrato de arrendamiento".
Calvo ha indicado que esto "abre la posibilidad a que el proceso sea declarado nulo", una alternativa "que siempre estuvo cerrada por el órgano consultivo de la Comunidad, que siempre se negó a revisar esa venta porque el IVIMA hizo lo mismo". "Y esa posible sentencia favorable abre la posibilidad de la nulidad", ha subrayado.
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