En Anticorrupción el "abuso" de contratos menores en la Sanidad

La plataforma Audita Sanidad ha formalizado una denuncia este martes ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid por el "abuso" de los contratos menores en la Consejería de Sanidad de la Comunidad, por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y contra la libre competencia.

Así, la plataforma ha presentado la denuncia por los hechos "que se vienen produciendo" en la gestión de la sanidad pública madrileña, en relación a este tipo de contratos, en 15 centros de la región.

Según ha explicado uno de los denunciantes y miembro de esta plataforma Vicente Losada, tras haber investigado los años 2016 y 2017, han podido comprobar como el 99,7 por ciento de los contratos realizados eran menores, por lo que solamente el 0,3 por ciento se sometían a un concurso de licitación mediante oferta pública.

De esta forma, tal y como consta en la denuncia presentada en Fiscalía, solo en el año 2016 se firmaron un total de 485.119 contratos menores en la Consejería de Sanidad, por un valor de 698.945.609,03 euros. Además, en 2017 esta cifra asciende a 570.031 que se acogieron a esta figura.

Por ello, han considerado que se trata de un "abuso" de la naturaleza de los mismos, para evitar la contratación por licitación porque les es "menos conveniente por no poder elegir a la empresa contratada".

Asimismo, Losada ha explicado que este tipo de contratos se configuran por la ley vigente en ese momento sobre contratos del sector público en el año 2011 que cifra el tope de este tipo de acuerdos en 18.000 euros. "Cualquier contrato con un importe menor está dentro de esta figura", ha señalado, a lo que ha añadido que el problema donde han encontrado "presuntos indicios de ilegalidades" aparece cuando se intenta, con este procedimiento, fraccionar otras contratos con una cantidad mayor para "adjudicarlo a una empresa directamente", y que esta la razón de la denuncia presentada.

En el escrito, hacen alusión a un caso concreto que realizó numerosos contratos con el Hospital Ramón y Cajal de forma fraccionada y que "rebasan el límite marcado por la ley 3/2011", así como el Hospital Universitario Gregorio Marañón que firmó 372 contratos menores con esta empresa y el Hospital Clínico San Carlos que ratificó 1.450 "con indicio de fraccionamiento".

Por ello, han manifestado que presentan la denuncia por este tipo de contratos que se realizaron en 2016 aunque han destacado que presentarán a finales de septiembre o principios de octubre de este año otra acusación sobre este mismo asunto en el año 2017.

Asimismo, han aclarado que la figura de este tipo de contrato nació para que las pequeñas y medianas empresas "pudieran tener posibilidad y acceso a la adjudicación de contratos", aunque han asegurado que se han encontrado "con la sorpresa" de que las primeras veinte empresas que más contratos menores han recibido son "multinacionales farmacéuticas, grandes laboratorios y de tecnología médica".

De esta forma, han manifestado su intención de presentar la denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en el Tribunal de Cuentas, ante lo que Losada ha señalado que no la presentan en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid porque no tiene capacidad sancionadora, y su objetivo es "exigir responsabilidad a las personas que han cometido estos abusos".

ROLLAN DICE QUE ES PARA "GARANTIZAR LA ASISTENCIA A LOS PACIENTES"

El presidente en funciones de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha justificado el "número importante" de contratos menores que firma la Consejería de Sanidad para "garantizar la sanidad asistencia a los pacientes" y comprar medicamentos, pero ha añadido que tienen el deseo de reducirlos.

Así se ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por el anuncio ayer de la plataforma Audita Sanidad de presentar en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra la cúpula de Consejería de Sanidad madrileña por presunto fraude con relación a los contratos menores realizados por este departamento.

En concreto, la demanda que se registrará alude a presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude "por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016"

El titular en funciones del Gobierno regional ha explicado que se utilizan este tipo de contratos para comprar medicamentos y que este proceso "no esté supeditado a largos y tediosos procedimientos" que supondría un contrato ordinario que salga a la luz pública y pujen varias empresas.

"Los contratos menores dentro del marco de la ley y se están estableciendo mecanismos para que se pueda reducir a ese número importante de contratos. Pero en primer lugar garantizar la sanidad asistencial de los pacientes y si para ello es necesario un contrato menor, se lleva a cabo", ha apostillado.