La Asociación Taxis Plataforma Caracol por un presunto delito de prevaricación administrativa altos cargos del Ministerio, en el marco del conflicto abierto con el arrendamiento de los vehículos con conductor (VTC) y la creación de un registro
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado al titular del juzgado de instrucción número 46 el sobreseimiento provisional de una denuncia interpuesta a principios de este año por la Asociación Taxis Plataforma Caracol por un presunto delito de prevaricación administrativa altos cargos del Ministerio de Fomento, en el marco del conflicto abierto con el arrendamiento de los vehículos con conductor (VTC) y la creación de un registro.
En concreto, la presentaron contra la subdirectora general de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y demás autoridades y funcionarios públicos de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento que fuesen competentes para la creación del registro de comunicaciones de los servicios de las VTC.
La denuncia recuerda que a lo largo de 2018 la Asociación Taxis Plataforma Caracol presentó ante la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento varios escritos solicitando "reiteradamente que, con carácter de urgencia, se realizaran todos los actos precisos y necesarios para la creación del citado registro".
Dado que no obtuvieron respuesta la asociación denunciante entendió que se había cometido un delito de prevaricación por omisión, "imputable a la Subdirectora General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y demás autoridades y funcionarios públicos de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento que fuesen competentes para la creación del registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor".
La Fiscalía señala que en fecha 7 de marzo de 2019 tuvo entrada en el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid un informe de fecha 4 de marzo de 2019 remitido por la Secretaría General de Transporte de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento en el que se detallaban las actuaciones llevadas a cabo para el desarrollo y puesta en funcionamiento del registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor.
En el informe se especifica que, teniendo en cuenta que razones técnicas y organizativas aconsejaban que el desarrollo del citado registro informático se realizara por empresas especializadas en la materia, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se tramitó el expediente de contratación correspondiente.
Este contó con varias fases: el 9 de julio de 2018 se elaboró el documento de licitación; el 11 de julio, el informe favorable de DTIC/SGAD y envío de documentación; el 19, el inicio del proceso de licitación; el 1 de agosto, el fin del plazo para la presentación de ofertas y la apertura de las ofertas técnicas; el 3 de agosto, la apertura de las ofertas económias y propuesta de adjudicación; y el 10 de agosto, el fin del plazo para que el adjudicatario presente documentación.
Por otro lado, el 13 de agosto fue el momento de la fiscalización por la Intervención Delegada en el Departamento; el 20 de agosto, la resolución de aprobación del compromiso de gasto; después, la remisión de documentación al Sistema de contratación central; y el 28 de ese mismo mes, la adjudicación, siendo el plazo de ejecución de 6 meses.
Asimismo, la Secretaría General de Transporte de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento informó de que los sistemas objeto del expediente de contratación se encontraban todavía en fase de prueba "dada la complejidad" de los mismos, "y de que dicha fase probatoria se está demorando puesto que el registro en cuestión ha sido presentado a los representantes de las distintas asociaciones de transportistas afectadas a fin de que éstas remitan observaciones para posteriormente traducirlas en adaptaciones de la aplicación".
A la vista de estos informes la Fiscalía solicita ahora al juez el sobreseimiento provisional de la causa "al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la misma, por cuanto del informe remitido por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento se desprende que se han practicado actuaciones tendentes a la puesta en funcionamiento del registro, "actuaciones incompatibles con el elemento de dolo exigido por el tipo de prevaricación administrativa previsto en el artículo 404 del Código Penal".
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