El sector del juego rechaza el decreto de la Comunidad, se perderán 1.400 empleos

El Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO) y la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) han denunciado el borrador de decreto sobre salones de juego y locales de apuestas de la Comunidad de Madrid al calificarlo de "efectista y oportunista" y han alertado de que podrían perderse unos 1.400 empleos, con el cierre de 140 salones de juego y 80 casas de apuestas.

Así lo han manifestado este martes en un desayuno informativo, donde han señalado que el borrador regional contiene "graves" errores técnicos y "medidas desproporcionadas".

En primer lugar, el director general de CEJUEGO, Alejandro Landaluce, ha afirmado que "no pueden estar más de acuerdo" con los motivos de la norma, pero no comparten las medidas para llevarla a cabo pues no son "eficaces ni eficientes y oportunistas", además de señalar que se encuentran marcadas por el calendario electoral.

En este sentido, el director ha señalado que durante ocho años han pedido medidas de planificación y no consideran que sea "justificable" el procedimiento de urgencia que se ha decretado en este caso.

Por otro lado, el secretario general de ANESAR, Juan Lacarra, ha reiterado la "tolerancia cero" del sector acerca del acceso de menores al juego. Concretamente, según datos de la Comunidad, se han realizado 22.810 inspecciones en 2017 en diferentes locales y se ha detectado la presencia de 22 menores, en total.

En cuanto a su propuesta, Lacarra ha señalado que optan por un estudio "más detallado". En cuanto a las medidas concretas, ha criticado el planteamiento que contempla contratar a una persona física de manera permanente en la puerta de los locales para controlar la entrada.

EL 25 POR CIENTO DE LOS LOCALES SE VERÍAN AFECTADOS

En este sentido, el secretario general ha apuntado que si se lleva a cabo esta medida, algunos locales de pequeña dimensión podrían tener que doblar su plantilla, por lo que el 25 por ciento se verían afectados. Frente a esto, proponen implementar sistemas técnicos que faciliten la entrada.

Otra de las disposiciones planteadas en este borrador es la distancia mínima de 100 metros cuadrados de centros de enseñanza. Si bien los empresarios han señalado que esto ya se realiza en otras comunidades autónomas, aseguran que en este caso, no se respetan las condiciones de los locales preexistentes.

Así, han considerado que afectaría a las empresas que, en el momento de la renovación de su autorización, estén instaladas a menos de 100 metros de un centro, lo que "atentaría contra la seguridad jurídica" y podrían llevar consigo un crecimiento de locales y concentración en ciertas zonas.

Asimismo, han informado de que el sector del juego crea en la Comunidad de Madrid más de 37.000 empleos directos e indirectos y contribuyen con más de 140 millones de euros a las arcas públicas a través de la tasa de juego. Además, han manifestado que de aprobarse el decreto, se podrían cerrar más de 140 salones de los 459 que hay actualmente en Madrid, 80 casas de apuestas de un total de 194 y supondría una pérdida de 1.400 puestos de trabajo.

Landaluce además ha destacado que, concretamente, las apuestas suponen un 7 por ciento del total de juego, por lo que contribuyen en Madrid con en torno a 10 millones de euros. Además, ha señalado que el 85 por ciento de sus ingresos se deriva a los premios.

"EN 2007 SE JUGABA MÁS QUE EN 2017"

Con respecto a los datos de juego en la Comunidad, Landaluce ha afirmado que "en 2007 se jugaba más que en 2017", si bien ha señalado que los hábitos de consumo y los gustos han cambiado y han crecido algunos nuevos juegos como es el caso de las apuestas presenciales.

En este sentido, han añadido que las apuestas estuvieron prohibidas en Madrid hasta 2007 y la media, actualmente, se encuentra en unos 5 o 6 euros por apuesta.

Por último, han hablado acerca de la falta de un reglamentación publicitaria. "Nosotros mismo vemos que es una barbaridad", ha afirmado un empresario del juego, si bien, han asegurado que "ningún gobierno ha hecho nada" por regular la materia.

LA COMUNIDAD LES AFEA QUE ADELANTEN EL "APOCALIPISI"

La Comunidad de Madrid ha afeado a los empresarios del juego que adelanten el "apocalipsis" antes de la aprobación del decreto que regulará los salones de juego en la región y defiende que las distancias entre estos establecimientos y los colegios que se plantean en la nueva normativa no son "abusivas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha remarcado que es "muy precipitado" por parte del sector del juego adelantar el impacto que tendría el decreto. Además, ha remarcado que por encima de cualquier consecuencia está "preservar una serie de garantía mínimas", como que los menores no accedan a los salones.

En este sentido, y en cuanto a las quejas de la FAPA Giner de los Ríos, que ha pedido que la distancia de 100 metros, que recoge la normativa, se amplíe a 800, Rollán ha indicado que la diferencia entre dichas cifras es "abismal".

"Si estamos hablando de 800 metros tendríamos que irnos casi a los Picos de Europa para montar un establecimiento de estas características. Hay un término intermedio. Son los técnicos de la Consejería los que no analizarán y estudiarán", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que, teniendo en cuenta el "gran número" de centros educativo que existen en Madrid, si se estableciese esta distancia prácticamente habría que acudir "a al calle más retiradas de los polígonos industriales" para encontrar un salón de juego porque en el "casco urbano sería imposible".

El también consejero de Presidencia ha hecho hincapié en que la tramitación de este decreto no responde a "una cuestión electoralista" sino a una profunda reflexión de la Consejería de Economía y Hacienda.

Así, ha insistido que el Gobierno regional tiene "una hoja de ruta" dado que considera oportuno "regular para garantizar el que no exista publicidad engañosa y que los menores de edad no accedan, dada la preocupación que existe en las familias madrileñas". La Comunidad estudia desde este lunes las alegaciones presentadas al decreto.