900 euros para el SMI, incremento del 3% de las pensiones y freno a la subida del alquiler

Gobierno y Unidos Podemos han acordado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 hasta los 900 euros mensuales, lo que tendrá un impacto presupuestaro de 340 millones de euros, según el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado del próximo año que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más. Uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo presupuestario era la demanda de Podemos de que el SMI subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse algo por debajo de esta cantidad. Finalmente, el acuerdo contempla un SMI de 900 euros mensuales para 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado mes de julio a situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.000 euros mensuales para el ejercicio 2020.

El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos una subida progresiva del SMI para llevarlo hasta los 850 euros mensuales en 2020. En concreto, Rajoy acordó un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020. Al nal del periodo, el SMI llegaría a los 850 euros mensuales.

No obstante, Gobierno y Podemos han pactado ir más allá para subir el SMI hasta 900 euros ya en 2019. "Los salarios mínimos son una potente herramienta social que puede contribuir signicativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Para ello deben ser salarios que garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y la de sus familias", afirman las partes en el documento firmado.

LAS PENSIONES

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019, lo que tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que el resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene, para lo que se destinarán 704 millones de euros. Estas dos medidas se cargarán sobre los Presupuestos Generales del Estado y no sobre la Seguridad Social y tendrán un coste conjunto de 1.088 millones de euros.

RECUPERACIÓN DEL SUBSIDIO PARA MAYORES DE 52 AÑOS

En el acuerdo se establece también la recuperación, en la Ley de Presupuestos de 2019, del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (ahora la edad de acceso era de 55 años), medida que está siendo discutida también en el diálogo social, y cuyo impacto presupuestario se cifra en 323 millones de euros.

Tras los recortes que experimentó este subsidio en 2012 y 2013 y la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el requisito de carecer de rentas familiares, el modelo pactado entre el Gobierno y Podemos restablece que el cómputo de las rentas de los posibles beneficiarios del subsidio se realice sobre la base de las personas beneficiarias y no sobre la unidad familiar.

Asimismo, se suprimirá la obligación de los beneficiarios del subsidio de tener que jubilarse anticipadamente y se recupera la base mínima de cotización del 125% del SMI durante la percepción de esta ayuda.

Esta medida formará parte, según el documento, del plan de parados de larga duración y se acompañará del reforzamiento de políticas activas de formación y empleo para los perceptores de este subsidio.

NUEVA REGULACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ASISTENCIAL POR DESEMPLEO

Gobierno y Podemos también han acordado que en 2019 se sustituyan los diferentes programas extraordinarios de protección por desempleo (Prepara, PAE y SED) por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo. El objetivo es darle estabilidad y elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección.

Asimismo, y con el fin de "recuperar un modelo de relaciones laborales más equilibrado y garantista, donde el trabajo digno, de calidad y con derechos sea la premisa fundametal", el Ejecutivo y la formación morada pactan algunas medidas a ejecutar antes de nalizar 2018 que, en la práctica, suponen derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral.

Se trata de ampliar la 'ultraactividad' del convenio colectivo (limitada a un año por la reforma laboral de 2012); revisar las causas y el procedimiento que siguen las empresas para modificar de manera sustancial las condiciones de trabajo; reducir la dualidad entre trabajadoresfi jos y temporales y la inestibilidad y rotación laboral mediante la desvinculación del contrato de obra o servicio de la realización de trabajos en contratas, subcontratas o concesiones administrativas, y reforzar la obligación de que el horario laboral conste expresamente en el contrato a tiempo parcial.

Estas materias también están siendo objeto de negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios, que ya se encuentran cerca de cerrar un acuerdo al respecto.

En el documento presupuestario firmado por el Ejecutivo y Podemos se insta además a concluir de manera urgente la tramitación parlamentaria de varias proposiciones de ley: la de igualdad en las condiciones laborales de los trabadores subcontratados; la del registro horario de los trabajadores, y las que persiguen la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la igualdad de trato en el empleo.

También se acuerda en el texto, de 50 páginas, dar comienzo en 2019 a los trabajos, en el marco del diálogo social, para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, así como la ratificación por parte de España de varios convenios internacionales en materia de derechos sociales, entre ellos la Carta Social Europea revisada y el convenio 189 de la OIT sobre trabajadores domésticos.

LIMITE DE LA SUBIDA DE LOS ALQUILERES

El Gobierno se ha comprometido a modificar en 2019 la normativa del mercado del alquiler inmobiliario "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", y permitirá a los ayuntamientos controlarlas, tal y como le había pedido Unidos Podemos, como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

En las cuentas se incluye también un aumento del 38% del presupuesto para vivienda. Así consta en el documento de 50 páginas que han firmado este jueves a primera hora en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al que ha tenido acceso Europa Press.

El acuerdo incluye como tercer punto las medidas relativas a vivienda, destinadas a "blindar su función social y evitar la especulación" y, entre ellas, figura la de dar a los Ayuntamientos la capacidad de intervenir en el mercado de alquiler para limitar precios, a través de los proyectos normativos necesarios que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en 2019.

LOS AYUNTAMIENTOS REGULARÁN LOS PRECIOS

En concreto, el compromiso pasa por permitir que los Ayuntamientos puedan "declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda".

Para ello, la reforma legislativa habilitará a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica.

Según se recalca en el acuerdo, "el objetivo de los índices de referencia es que los Ayuntamientos y/o CCAA que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

El Gobierno también se ha comprometido a "ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. "En 10 años España debería invertir el 1-1'5% del PIB", añaden.

Además, el Ejecutivo ha acordado con Podemos aumentar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles, mediante un plan a cuatro años, y elaborar en 2019 una normativa que establezca "el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública", que garantice "su explotación únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e impidiendo que sean enajenadas con un beneficio".

Este nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplará asimismo la creación de "una línea de financiación para que las CC.AA. que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas". "También contendrá ayudas a las AA.PP. para la adquisición de vivienda ya construida", añaden.

También "se establecerá un programa de financiación para rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles", y "se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales".

Según el acuerdo, el Gobierno diseñará además un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran "tenedor de vivienda", y ponga a disposición de las CCAA y los municipios distintas herramientas tanto para su detección y diagnóstico.

POSIBLES SANCIONES PARA LOS GRANDES TENEDORES

Esta reforma irá acompañada de una "política específica" que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno las medidas más adecuadas, entre las que podrían incluirse sanciones a los grandes tenedores "para movilizar vivienda vacía".

Es decir, el Gobierno se compromete, como pedía Podemos, a crear "un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a preciorazonables".

Por último, este apartado para "incrementar el número de viviendas en alquiler a precios asequibles y evitar la burbuja especulativa" incluye el compromiso del Ejecutivo de impulsar "la aprobación parlamentaria de la normativa que refuerce la protección de las personas hipotecadas, latransparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones y se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social".

"Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional", añaden.

CONTRATOS DE ALQUILER MÁS LARGOS

Además, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado una serie de medidas para modificar "la normativa del mercado de alquiler inmobiliario que afecta a la regulación de elementos contractuales como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta".

Entre otras medidas, "se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, y se ampliará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas" y, en el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica, "serán 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita".

El acuerdo incluye que "si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel en el caso de personas físicas o siete años en personas jurídicas, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más".

También "se establecerá que no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta", y quel os gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica".

Asimismo, se acuerda "que el derecho del arrendador a recuperar la vivienda antes del plazo legalmente establecido deba estar recogido en el contrato de arrendamiento, de forma que se impulse la estabilidad para el arrendatario y se conozcan de forma transparente las condiciones del contrato".

Por último, "se incluirá la posibilidad de que las AAPP competentes ejerzan los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo.