La Fiscalía remite al juez el acuerdo con Ronaldo por el fraude de 5,7 millones

La Fiscalía Provincial de Madrid, Sección de delitos económicos, y la representación procesal de la Agencia Tributaria han remitido un escrito a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón con el acuerdo alcanzado con el exfutbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que ha admitido finalmente un fraude de 5,7 millones de euros.

Según ha informado la Fiscalía de Madrid, en el escrito solicitan la conclusión de la instrucción de las diligencias previas contra Cristiano Ronaldo, habida cuenta de que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la defensa del investigado han alcanzado un acuerdo para que el procedimiento continúe contra el futbolista por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

En concreto, son cuatro delitos de fraude en relación al Impuesto Sobre la Renta de la Personas Físicas de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 a raíz de los cuales provocó un perjuicio al erario público que asciende a 5.715.174 euros.

Del mismo modo el Ministerio Público y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) interesan a la juez que, habida cuenta de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, y dado que no ha quedado acreditado la participación de otras personas en los hechos investigados y "sin tener los mismos el dominio del hecho y no habiendo creado una estructura societaria empleada para la defraudación" interesa que se acuerde el sobreseimiento respecto del resto de investigados.

En el eventual escrito de acusación que el Ministerio Público, el Abogado del Estado y la defensa de investigado presenten, una vez se dicte el auto de procedimiento abreviado, Ronaldo aceptará una pena de 24 meses de prisión y una multa que suma 3.201.959 euros (567.247,83 euros en 2011; 809.224,49 euros en 2012; 1.598.094,84 euros en 2013 y 227.391,81 euros en 2014).

Fuentes de la Fiscalía han señalado que tras el envío del escrito de hoy, la juez tendrá que dictar un auto para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado. La magistrada puede aceptar el acuerdo o rechazarlo, si considera que no es conforme a la ley, y en caso afirmativo lo elevará a la sala de la Audiencia Provincial de Madrid para celebrar un acto de ratificación del acuerdo de conformidad, por lo que sólo quedaría plasmar el acuerdo en una sentencia.

VÍA PENAL

La cantidad a pagar, de momento, sólo se refiere a la vía penal, esto es, al margen de la vía administrativa, el futbolista ya ha satisfecho la totalidad de la cuota que la Fiscalía y la AEAT le reclaman (lo hizo el pasado 13 de julio) en concepto de cuota defraudada (5.715.174 euros) además de 1.090.632 euros en pago de los intereses de demora en concepto de responsabilidad civil.

De este modo, queda satisfecha la cantidad que por vía penal se le reclamaba al futbolista por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. A ello habría que sumar los 3.201.959 euros en concepto de multa por la comisión de los cuatro delitos contra la Hacienda Pública y, de conformidad con su defensa, el Ministerio Fiscal interesará que le imponga otra multa sustitutiva a la pena de prisión a razón de una cuota diaria de 250 euros durante 48 meses.

DELITOS

Los delitos por los que Ronaldo ha sido investigado y respecto de los cuales se alcanza un acuerdo y que resultaron descritos en la denuncia que dio lugar a este procedimiento se remontan al 12 de diciembre del 2011, fecha en el que el Real Madrid le confirmó su fichaje y momento en el que el jugador simuló ceder la totalidad de sus derechos de imagen a la sociedad Tollin Associates LTD, sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas de la que era socio único el propio acusado.

Por su parte Tollin Associates LTD, mediante contrato privado firmado el 30 de diciembre de 2008, cedió la explotación de los derechos de imagen del acusado a la sociedad Multisports & Image Management LTD, domiciliada en Irlanda.

Esta última fue la que se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen del acusado, sin que Tollin "desarrollara acción alguna tendente a dicha explotación, haciendo que la previa cesión tuviera como finalidad la interposición de una pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de España la totalidad de los ingresos obtenidos por el acusado por la explotación de su imagen", recoge la Fiscalía.

El futbolista, en diciembre de 2014, percibió procedente de Tollin un importe total de 78.688.812,96 euros, cantidades generadas durante los ejercicios 2011 al 2014 como consecuencia de la explotación de los derechos de imagen y que no fueron incluidas en sus declaraciones tributarias de los ejercicios correspondientes.

"Seguidamente Ronaldo queriendo dar una apariencia de realidad a la estructura simulada anteriormente descrita, presentó su declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas únicamente en el ejercicio 2014 consignando unas rentas de fuente española originadas entre los ejercicios 2011 y 2014 de muy inferiores a las rentas verdaderamente obtenidas de fuente española fueron", destacan.

Además, en esta declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el acusado, con idéntica intención, calificó los rendimientos obtenidos como consecuencia del simulado contrato de cesión de derechos de imagen con Tollin como rendimientos del capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas.

Todo ello, entiende la Fiscalía, "con la finalidad de evitar indebidamente la calificación como rentas obtenidas de fuente española de parte de los ingresos obtenidos en España", lo que permitió al acusado disminuir "considerablemente la base imponible a declarar habida cuenta de que los puntos de conexión establecidos por la Ley de IRNR son inferiores a los previstos en el caso de calificar los citados beneficios como renta de actividades económicas".

De este modo, el acusado ocasionó un perjuicio a la Hacienda Pública Española de 5.715.174 euros entre los ejercicios 2011 al 2014. No obstante, el acuerdo de Ronaldo pasa por pagar finalmente casi 19 millones de euros, sumando la parte penal de estos 5 millones y la parte administrativa.