www.cronicamadrid.com
Fiscalía se querella contra el alcalde por un delito urbanístico, él lo niega

Fiscalía se querella contra el alcalde por un delito urbanístico, él lo niega

miércoles 27 de junio de 2018, 12:19h
Además de José Jover la querella es contra otros cinco concejales a los que acusa de delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en la concesión de licencia de una finca para la celebración de bodas

La Fiscalía de área de Móstoles ha presentado una querella ante el juzgado de instrucción decano de Móstoles contra el alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover Sanz (PP) y otros cinco concejales por delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en la concesión de licencia de una finca para la celebración de bodas.

Según han informado fuentes fiscales, los concejales querellados son María Mercedes Castañeda Abad, José Joaquín Navarro Calero, Miguel Ángel Sáinz Santos, María Ángeles Méndez Díaz y David Prieto Giraldes). La querella va también dirigida contra la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L. y contra su apoderado y administrador solidario Diego García Azpiroz.

La Fiscalía relata en la querella que en 1992 la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L adquirió por título de compraventa la finca "El monje" o "La Alabada" que siete años más tarde fue considerada como Espacio Natural Protegido por lo que fue clasificada como "Suelo No Urbanizable de Especial Protección".

Según los hechos expuestos, el 31 de marzo de 2011 el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón incoó un expediente de licencia urbanística de obra a instancia de Pescaderías Coruñesas S.L. para rehabilitar el "Palacete Rúspoli" ubicado en el interior de la parcela.

El fiscal explica que la concesión de la licencia se limitaba a la rehabilitación del palacete pero la empresa de la que era apoderado y administrador Diego García Azpiroz "llevó a cabo una edificación de considerables proporciones, con aumento de superficie y volumen edificados".

CELEBRACIÓN DE BODAS

Pese a ello, la Fiscalía señala que "al menos" desde el 23 de abril de 2016 la mercantil o empresas vinculadas a la misma comenzaron a desarrollar la celebración de eventos públicos, "singularmente bodas", con asistencia de más de cien invitados y estacionamiento de vehículos "careciendo de la correspondiente licencia de actividad del ayuntamiento".

Según el relato, Agustín Reguera Barba, el edil de Industria y Comercio del consistorio quien a raíz de una denuncia abrió el 18 de junio de 2016 un expediente sancionador a mercantil. No obstante el alcalde, "con el propósito de favores los interés" de Pescadería Coruñesa S.L. impartió instrucciones verbales "careciendo de cobertura legal para ello", con el fin de que la Policía Local no realizara inspecciones en la finca sin su consentimiento.

Tras la primera denuncia entre junio y septiembre de 2016 se celebraron otras cinco bodas. Fue entonces cuando la concejal de Medio Ambiente, María Martín Revuelta, acordó la incoación de otro expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y la suspensión "inmediata" de las actividades desarrolladas "ilícitamente" en la finca.

A pesar de que la resolución fue notificada a la mercantil la Policía Local comprobó la celebración de otros dos eventos ambos "con gran afluencia de público" los días 8 y 9 de octubre de 2016.

Durante 2017 Pescadería Coruñesa S.L. continuó celebrando eventos públicos en la finca a lo que siguió la apertura de otro expediente sancionador por parte de la concejal. Mientras, el alcalde se dedicaba a impartir instrucciones verbales al concejal de Seguridad y al suboficial Jefe del Cuerpo de Policía Local para que "no se volviese a enviar a la finca a la Policía sin su consentimiento ni autorización expresa".

El proceso sancionador incoado el 18 de julio de 2016 formuló una propuesta de resolución en la que se imponía a la mercantil una sanción de 60.001 euros. Sin embargo, el alcalde "con ánimo dilatorio" acordó devolver el expediente a la instructora para la práctica de actuaciones complementarias. También eliminó hasta tres veces del orden del día "sin justificación alguna" el debate sobre el cese de las actividades de Pescaderías Coruñesas S.L.

"El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento añade la Fiscalía- con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil Pescaderías Coruñesas, S.L. procedió, desde el mes de abril de 2016, no sólo a tolerar la celebración de eventos, singularmente bodas, en la finca El Monje, a pesar de conocer que los mismos carecían de la preceptiva licencia municipal, sino a oficiar bodas civiles en dicho lugar, autorizándolas él mismo o disponiendo la asistencia de concejales del ayuntamiento en quienes delegaba la competencia al efecto".

Y ello a pesar de que Dirección General de Medio Ambiente comunicó al consistorio que sólo estaban habilitados por el Ayuntamiento dos locales para la celebración de bodas por el Alcalde o Concejales delegados: el Salón de Plenos y la Casa-Palacio Manuel de Godoy. Es más, la Fiscalía acusa al alcalde de alterar "conscientemente" las actas de celebración de matrimonios haciendo constar "mendazmente" como lugar de celebración dichos locales municipales "cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada El Monje".

Otra cuestión que quiere averiguar la Fiscalía son los motivos que llevaron al alcalde a no estampar su firma en un escrito de alegaciones elaborado por los técnicos para oponerse al cambio de titularidad de unos caminos que discurrían por la finca y que figuraban en el catastro como titularidad del Ayuntamiento en favor de la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L.

JOVE NIEGA LOS HECHOS Y LO TILDA DE "JUICIO DE INTENCIONES"

El alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover Sanz, ha negado los hechos de los que le acusa la Fiscalía de Móstoles y ha tildado la querella que ha presentado acusándole de prevaricación de ser un "juicio de intenciones" que "distorsiona la percepción" de los hechos narrados en la misma.

El alcalde, del PP, ha respondido en un comunicado a la querella que ha presentado la Fiscalía ante el juzgado de instrucción decano de Móstoles contra él y otros cinco concejales por delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia grave a la autoridad, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y falsedad documental en relación a las presuntas irregularidades en la concesión de licencia de una finca para la celebración de bodas.

"La querella presupone de manera reiterada una determinada intención que los propios hechos de la querella desmienten. Hasta en nueve ocasiones se realiza en la querella un juicio de intenciones sobre mi conducta que afecta al relato de los hechos y distorsiona la percepción de los mismos", entiende el regidor.

En este sentido, asegura que "no es cierto que se eliminase la propuesta de imposición de sanción a la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L.", como se afirma en la querella. "El hecho cierto e indiscutible es que la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, es decir, con el voto del alcalde, acordó imponer a la mercantil Pescaderías Coruñesas S.L.una sanción por importe de 60.001 euros", defiende.

Así, asegura que ese es "un hecho incontestable, y deja en evidencia el juicio de intenciones que en todo momento realiza la querella", pues, en su opinión, es "contradictorio" afirmar que su intención como alcalde "es favorecer en todo momento a la citada empresa" cuando él mismo votó "la imposición de una multa de 60.001 euros a dicha empresa".

En relación con el cese de actividad, asegura que la Junta de Gobierno Local acordó el 8 de noviembre de 2017 ordenar a la entidad Pescaderías Coruñesas S.L. el cese de la actividad de actividades recreativas en la finca el Monje, "acuerdo tomado por unanimidad de los miembros de la Junta" presidida por él.

"En consecuencia, no parece que ordenar el cese de una actividad pueda considerarse una decisión que favorezca los intereses de la empresa a la que se ordena cesar en dicha actividad", ha añadido, para destacar que la Alcaldía, ya por resolución, "es decir por acto unipersonal, desestimó la petición de suspensión cautelar de la ejecución de la orden de cese acordada por la Junta de Gobierno".

En cuanto a las actas de celebración de los matrimonios, el alcalde ha indicado que "no es cierto que se alterasen puesto que dichas actas estaban redactadas y no había ningún ánimo de falsearlas, más aún cuando la Dirección General de los Registros permite la celebración de bodas en otros lugares".

"Así pues, además de ofrecer las cumplidas explicaciones que he dejado expresadas en este comunicado, exijo una rectificación de las informaciones publicadas respecto a este asunto por resultar absolutamente falsas", concluye en el comunicado el alcalde denunciado.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de cronicamadrid.com

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.