En vigor la ordenanza de cooperación con entidades sociales en servicios no públicos

El Ayuntamiento de Madrid cuenta desde este miércoles con una ordenanza de Cooperación Público-Social que viene a superar el "insuficiente" binomio público-privado regulando la cooperación entre el Consistorio y el tejido social en actividades que serán siempre distintas a los servicios públicos.

"Son cosas que ya se hacían pero le ponemos criterio, transparencia, orden y lo ponemos en una ordenanza", ha explicado el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, antes de que la ordenanza haya sido aprobada en el Pleno de Cibeles, con enmiendas del PSOE, con los votos favorables de Ahora Madrid y PSOE. Cs y PP han votado en contra con sendas enmiendas a la totalidad.

Murgui ha explicado que la ordenanza es un nuevo marco normativo que pone en valor y da cauce a las distintas formas de colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido social, que ya se venía aplicando. Con este modelo se supera el clásico binomio público-privado de la Administración municipal para responder a las necesidades de la ciudadanía con seguridad jurídica y transparencia.

El acceso a subvenciones está limitado a fundaciones y asociaciones quedando excluidos los colectivos. Además la cesión de inmuebles solo será puntual para los colectivos, con un máximo de 30 días. Con esta ordenanza se regula, como ya se hace en Bolonia, Nápoles, Nueva York o ciudades canadienses, desde la cogestión con entidades del barrio de instalaciones deportivas de proximidad, la cogestión de espacios integrados en espacios municipales como centros culturales para desarrollar actividades de formación sociolaboral, las iniciativas de cocreación artística, las residencias artísticas, la regeneración de espacios interbloques...

Se trata de experiencias relacionadas con el impulso del deporte de base, la recuperación del espacio urbano, la solidaridad ciudadana, el apoyo a los más vulnerables, la creación artística, la innovación tecnológica... La cooperación público-social ya está presente en los Equipos de Actuación Distrital, los Planes de Barrio, en instalaciones deportivas como el rocódromo de Villaverde, los espacios cedidos a entidades ciudadanas, los huertos urbanos comunitarios, los espacios Enredados de autogestión de ocio adolescente, proyectos de inclusión como Da la Nota y CF Dragones en Lavapiés o Las Latas en Retiro

Los criterios de selección primarán la toma de decisiones abierta, el impacto positivo en la ciudadanía, reequilibrio territorial, igualdad y justicia social, que sean actividades inclusivas y preferiblemente gratuitas y que se promueva el respeto y ejercicio de los derechos humanos. Se realizará preferentemente mediante convocatorias públicas que pueden ser precedidas de procesos participativos en los que se definan qué tipo de actividades se pueden desarrollar en los espacios y que posibiliten la generación de propuestas compartidas por entidades.

De la mano del PSOE se ha aprobado la creación de una comisión en la que se evaluarán los convenios de colaboración, además de constituirse en el plazo máximo de dos meses un Registro de Cooperación Público-Social, que tendrá como objeto la inscripción de todos los proyectos desarrollados por entidades y colectivos. Tendrá carácter gratuito y público y la información que contenga será accesible en formato abierto, respetando la normativa sobre protección de datos personales.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

Se podrán promover y participar en proyectos de cooperación público-social, junto con el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, las entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro inscritos en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos (asociaciones, fundaciones y colectivos).

En el desarrollo de los proyectos podrán participar otras administraciones y entes de derecho público, como pueden ser universidades y a personas físicas/jurídicas de derecho privado.