La Comunidad recurrirá la anulación de la venta de viviendas a fondos buitre

La Comunidad de Madrid presentará un recurso a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid que anula la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión en 2013, pese a no compartir la operación que acometió entonces el anterior Gobierno regional.

Así lo ha detallado la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo, para detallar que este mismo lunes mantendrá una reunión con la Abogacía General de la Comunidad para articular dicho recurso con el objetivo de defender el "interés general" de los madrileños.

En declaraciones a la televisión madrileña, recogidas por Europa Press, Gonzalo ha dejado claro que con el actual Ejecutivo autonómico no se va a vender vivienda pública a ningún fondo de inversión y que esa operación de 2013 no la comparten pues entienden que no es la forma de gestionar la vivienda pública.

Tras incidir en que la sentencia conocida el pasado viernes plantea que no se puede vender vivienda pública a un fondo de inversión, también existen otras sobre recursos presentados por los inquilinos "que no van en esa línea". Por tanto, aprecia una "disparidad de criterio jurídico".

Por ello, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid van a redactar el "recurso que corresponda" conforme de derecho pues, pese a no compartir la venta, se debe atender al interés general y recuerda que el fallo afecta a una "cuantía importante" por el número de viviendas incluidas en esa operación.

Respecto a la situación de la presencia de amianto en las instalaciones y material móvil de Metro, Gonzalo ha señalado que el pasado jueves fue un "día triste" por el fallecimiento de un empleado de mantenimiento que estuvo expuesto a este material.

La consejera también ha subrayado que se ha impulsado una comisión de seguimiento entre la compañía y sindicatos que se ha materializado en un plan de desamiantado en Metro con una dotación de 140 millones de euros.

Además, Gonzalo ha explicado que se ha encargado una auditoría interna para saber "qué ha pasado" durante estos años en los que parece que "no se han utilizado las medidas más adecuadas de prevención y salud laboral", algo que está investigando la Inspección de Trabajo y con la que Metro va a colaborar "como no puede ser de otra manera" con la documentación "precisa". "Vamos a hacer todo lo posible para que esto nunca vuelva a ocurrir", ha enfatizado la consejera de Transportes