Además de la moratoria de licencias hoteleras para combatir el "crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas y la turistificación"
Asociaciones del distrito Centro proponen la creación de una tasa turística regional (de 0,5 a 2 euros) y la moratoria de licencias hoteleras para combatir el "crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas y la turistificación".
Según explica la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado, estos fenómenos están provocando "importantes conflictos de convivencia" y la "expulsión de muchos vecinos residentes" que, a su juicio, se ven "incapaces de asumir el actual encarecimiento de los precios".
Por ello, estas asociaciones advierten de que se corre el riesgo de combetir el distrito en un "gran parque temático" y proponen para evitarlo una 'batería' de medidas que han sido remitidas a todos los grupos políticos en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid.
Entre estas, destaca la implantación de una tasa turística regional, siguiendo el modelo que ya funciona en Cataluña y Baleares. Se trataría de una tasa de carácter finalista (que revertiría en la recuperación del patrimonio natural, histórico, artístico y cultural), de entre 0,5 a 2 euros por persona y noche (1 euro para viviendas turísticas), que recaería sobre los visitantes mayores de 16 años, con un límite de siete días y un descuento del 50 por ciento en temporada baja.
Además, se podría aplicar un recargo en el distrito Centro, el más afectado por la turistificación. En este sentido, las asociaciones calculan que en 2016 la plataforma Airbnb gestionó más de 90.000 reservas de viviendas turísticas en el distrito, lo que supone que se alojaron más de 200.000 personas.
A su vez, la federación de asociaciones también hace una lectura crítica del decreto que regula las viviendas turísticas. "Sencillamente, el sector funciona al margen del Decreto", indica el responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez Quintana.
Así, la FRAVM propone un refuerzo de "los servicios de vigilancia e inspección" dependientes de la Comunidad de Madrid, la firma de "convenios de colaboración con los ayuntamientos (especialmente con el de Madrid) para incorporar los propios servicios municipales de inspección y de disciplina urbanística" y, por supuesto, la "aplicación del régimen sancionador".
También propone una serie de cambios y otras medidas destinadas a "empoderar" a las comunidades de propietarios y facilitar su actuación, teniendo en cuenta además el interés de las personas inquilinas.
En este sentido, aboga por establecer la obligación de los dueños de los pisos turísticos de comunicar las medidas que van a adoptar para evitar molestias al vecindarioy que si las viviendas turísticas hacen un uso mayor de los servicios comunes, sus propietarios deberán contribuir con cuotas superiores.
Además, estos deberán sufragar íntegramente las inversiones que deban realizar en los edificios para adaptarlos a la actividad de los alojamientos turísticos. La FRAVM sugiere también que los inquilinos puedan dirigirse a las comunidades o a sus propietarios para solicitar su intervención y protección cuando sus derechos y bienestar se vean lesionados por el funcionamiento de las viviendas turísticas, algo muy habitual en nuestros tiempos.
En el ámbito estatal, la federación insiste en la necesidad de que la Agencia Tributaria "despliegue los medios precisos para perseguir el fraude, tanto en IVA como en IRPF", tan habitual en el negocio de los pisos turísticos.
También se propone al Ayuntamiento de Madrid una "moratoria en la concesión de nuevas licencias de apertura de plazas hoteleras", al menos durante el tiempo que dure la necesaria redacción y aprobación de un plan especial de ordenación turística de la ciudad.
La moratoria, circunscrita al distrito Centro, debería aplicarse a la par que se regularizan las viviendas turísticas que en la actualidad son alegales o ilegales, "resolviendo, según los casos, el cierre o la concesión del permiso para actuar".
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