La `Operación Lezo´podría afectar a los vuelos de Madrid y Canarias

Ciudadanos teme que la 'Operación Lezo', investigación de la Guardia Civil en torno al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, pueda acabar afectando a vuelos de Madrid y Canarias y pregunta al Gobierno si ha contemplado medidas al respecto.

La formación naranja advierte de que una de las empresas cuya sede fue registrada en el marco de dicha operación anticorrupción es Servicios Aeronáuticos Control y Navegación SL (Saerco), un proveedor de servicios de navegación aérea que desde 2012 gestiona el tráfico de tres aeropuertos canarios (Lanzarote, Fuerteventura y La Palma), que acumularon el pasado año 2016 unos 15 millones de pasajeros --cerca del 40% de todos los pasajeros en el archipiélago--.

A ello hay que sumar, prosiguen, los casi 50 millones de pasajeros que Saerco "comenzará a gestionar en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una vez se confirme la adjudicación que debería realizar Aena por la gestión de la dirección de plataforma en las terminales 1, 2, 3 y 4".

SON CASI 70 MILLONES DE PASAJEROS

Ciudadanos relata que el administrador único y máximo accionista de esta empresa es el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, que creó esta empresa de asesoramiento y consultoría meses después de su salida de la empresa pública madrileña en 2009, y cree "probable" que el juez instructor de la 'operación Lezo', Eloy Velasco, "pudiera decidir, en el corto o medio plazo, proceder al bloqueo de cuentas, lo que podría afectar a Saerco y, por tanto, a su personal, así como indirectamente para los casi 70 millones de pasajeros que su empresa gestiona".

Por todo ello, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas cuestionando al Ejecutivo por si cuenta con "un plan de respuesta rápida para velar por la seguridad de los pasajeros que podrían verse afectados", si tiene previsto implantar medidas "de supervisión continua".

¿Y SI ACABA IMPUTAO?

Asimismo, también piden saber el posible impacto que podría suponer la imposibilidad de garantizar la continuidad del servicio de tránsito aéreo en los aeropuertos mencionados en el caso de que el máximo responsable de Saerco fuera finalmente imputado.

Por último, también piden al Ejecutivo que valore el impacto que podría tener esta imputación en el certificado otorgado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a Saerco y que le capacita para la gestión del tránsito aéreo.