La investigación de estas irregularidades es, no obstante, bastante anterior a la investigación interna que fue anunciada en mayo de 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes
La causa judicial, declarada secreta, se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio, si bien las diligencias fiscales fueron iniciadas un año antes, en 2015, han precisado fuentes del Ministerio Público.
La investigación de estas irregularidades, por lo tanto, es bastante anterior a la investigación interna que fue anunciada en mayo de 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. En dicha ocasión, la Comunidad de Madrid informó de que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.
Desde la presentación de la querella el pasado verano ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se han llevado a cabo por la UCO toda una serie de diligencias que han culminado en las detenciones y registros que se están produciendo este miércoles, día en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a declarar, en calidad de testigo, a cinco personas por este asunto entre las que se encuentran la actual presidenta autonómica de Madrid, Cristina Cifuentes, y al portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido.
Este miércoles, un destacado dispositivo de la UCO de la Guardia Civil, de unos 20 efectivos, se han personado en la sede del Canal de Isabel II ubicada en la calle Santa Engracia para recabar diversa documentación en las oficinas de la entidad.
EMPRESAS BRASILEÑA
Según explicó Garrido en su momento, se investigaba de forma interna una compra realizada por el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones.
A los nuevos gestores esta operación le parecía a primera vista "anómala" y por eso la puso en conocimiento de la Fiscalía, para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito. Otras operaciones sospechosas remitían al directivo ya cesado Edmundo Rodríguez que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia.
Además, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao.
INFORME DE LA OPOSICION
Por su parte, el pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios de la Asamblea en la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentaron un informe producto del trabajo desarrollado en la Comisión del Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid, que llevó entre otros temas, esta compra.
Su objetivo era que la Fiscalía investigue quién autorizó y permitió el quebranto patrimonial y la actividad del Canal de Isabel II en Iberoamérica, así como el "entramado" societario en este continente, dado que sospechan de una posible "trama corrupta" en torno a las inversiones realizadas.
La denuncia versaba sobre la adquisición por parte del Canal de esta empresa en noviembre de 2013 a través de una sociedad "instrumental" radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que carecía de actividad, según el escrito. El Canal la compró a través de su filial Inassa.
Además, relata que la adquisición de Emissao se hizo por valor de 21,4 millones de euros y un mes después el patrimonio neto en las cuentas del Canal era de 10,6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad era de 5,4 millones y a finales de 2015 daba pérdidas de 5,5 millones en el balance consolidado del Canal. A su vez, la participación en Soluciones Andinas de Agua arrojaba un balance negativo de 10,5 millones.
La denuncia reclama al Ministerio Público que determine la calificación penal aunque los grupos parlamentarios de la oposición sospechan posible fraude con indicios de mala utilización del dinero público, utilización de sociedades off-shore y también administración desleal.
EL JUEZ CITA A CIFUENTES Y GARRIDO COMO TESTIGOS
El juez ha llamado a declarar a cinco personas en calidad de testigos este mismo miércoles, empezando por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido.
También el director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, han sido llamados a declarar como testigos por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la operación por la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II.
Los otros tres son Prieto, Creuheras --que ya ha pasado por el tribunal-- y la jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González, que se encuentra en estos momentos declarando ante el juez.
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