Se trata de os guardias civiles y exasesores de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la época de Granados, Antonio Coronado Martínez y José Oreja Sánchez, y el técnico de la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto Serrano
Tres funcionarios imputados en el supuesto caso de espionaje de la Comunidad de Madrid al exvicepresidente regional Alfredo Prada y al exvicealcalde de la capital Manuel Cobo comparecerán este viernes en la comisión de investigación de corrupción política en la Asamblea de Madrid.
Los tres comparecientes son los guardias civiles y exasesores de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la época de Francisco Granados, Antonio Coronado Martínez y José Oreja Sánchez, y el técnico de la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto Serrano.
Estas tres personas, imputadas en el caso, acudieron el día 5 de enero a la Asamblea a pedir comparecer en esta comisión de manera voluntaria asegurando en un escrito que les habían seguido, robado, extorsionado y estaban viviendo "actuaciones insoportables".
Uno de ellos, José Oreja, declaró en el lunes en una entrevista que la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, se encontraría entre los objetivos de los seguimientos en el caso del supuesto espionaje a altos cargos en la Comunidad. No obstante, señaló que no realizaron ningún tipo de seguimiento y se declaró víctima de un "montaje".
El exasesor explicó que cuando él llegó a la Dirección General de Seguridad no conocía ni al consejero Granados, ni al director, Sergio Gamón, también imputado, ni al subdirector, Miguel Castaño. "Con esta realidad no tiene sentido que el señor Gamón y el señor Castaño me mandaran la barbaridad de seguir a nadie", ha señalado.
Por eso, la "única explicación" que dice que puede dar es que "lamentablemente" se los mandaron (los seguimientos) para implicarles en un "montaje" y "poder encubrir sus actuaciones dentro de esa especie de guerra que tenían y después filtrar todo a la prensa, como así sucedió", destacó
Oreja aseguró que no "se realizó seguimiento alguno y si se hicieron" desconoce "la labor de otras personas". "No seguimos a nadie", ha insistido en varias ocasiones, para aclarar que en cuanto le ordenaron (Gamón y Castaño) realizarlos, se lo comunicó a Granados, que no fue "capaz de imponerse al director general, quien a su vez recibía órdenes directas del vicepresidenta y la presidenta".
Las declaraciones de mañana en comisión podría abrir la puerta a nuevos comparecientes, es decir, a las personas que presuntamente les dieron las órdenes de espiar.
INVESTIGACION JUDICIAL Y POLITICA
El procedimiento judicial por estos supuestos casos del espionaje arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo el 29 de febrero de 2009.
La entonces 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.
El caso fue archivado dos veces por el Juzgado de Instrucción por ausencia de indicios, pero fue reabierto el 12 de junio de este año por la Audiencia Provincial de Madrid porque ve que existen "delitos suficientes acerca de la comisión de delito de malversación de caudales públicos".
La Asamblea de Madrid también acogió una comisión de investigación sobre el tema en 2009, marcada porque su presidente, Benjamin Martín Vasco dimitió tras aparecer publicada su vinculación con el caso Gürtel.
Tras diez días, en el que no comparecieron las personas que lo harán mañana, el Pleno de la Asamblea aprobó por 65 votos a favor del PP y 50 en contra de PSOE e IU, exculpar al Gobierno regional de la supuesta trama de espionaje a políticos del PP, sin el voto de los diputados autonómicos Alfredo Prada y María del Carmen Rodríguez Flores, que no comparecieron en la sesión