La Comunidad no ejecutó un plan estatal de inserción de parados de 2013

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha reconocido en el Pleno de la Asamblea que no se ha realizado ningún contrato al amparo del Acuerdo Marco Estatal para promocionar la inserción de desempleados madrileños a través de la colaboración público-privada con agencias de colocación firmado en 2013.

"Es verdad que desde entonces no se ha llevado a cabo ningún contrato al amparo de ese acuerdo marco, pero nuestro objetivo es no perder ni un minuto y utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para las personas que están buscando empleo", ha reconocido Hidalgo en respuesta a una pregunta planteada por la diputada de Ciudadanos Susana Solís.

Hidalgo ha anunciado que en las "próximas semanas" la Comunidad sacará los primeros contratos inherentes a ese acuerdo marco, al tiempo que ha avanzado que destinará 20 millones de euros en "programación plurianual".

A falta de acordar con los interlocutores los "objetivos prioritarios", Hidalgo ha dicho que la prioridad del Gobierno son los perceptores de la RMI, los parados de larga duración mayores de 45 años, los jóvenes menores de 30 años y las personas con discapacidad.

Por su parte, Solís ha criticado que la Comunidad de Madrid no haya hecho "nada" a este respecto desde 2013, y ha señalado que el problema es que en 2014 se han perdido 1,5 millones de euros de la partida estatal que le correspondía a la región por no haber ejecutado este convenio y que corre el "grave riesgo" de perder también los 1,8 millones que le corresponden este año, porque a octubre todavía no han sacado el concurso.

"Dejen de felicitarse y comiencen a preocuparse y ocuparse de los parados, si no el Estado nos penalizará en el presupuesto de 2016 y no creo que estemos en condiciones de que nos reduzcan más las partidas para el desempleo", ha manifestado Solís.

La diputada de Ciudadanos ha pedido "máxima diligencia y transparencia" para que no vuelvan a aparecer casos de fraude como ocurrió con los cursos de formación afectados por el caso Aneri.