El TS insiste al Gobierno que reclame a EEUU la entrega de un preso español

El Supremo ordena concretamente al Ejecutivo que adopte todas las medidas necesarias para que las autoridades estadounidenses autoricen su traslado y cumpla su condena en nuestro país o que justifique la imposibilidad de adoptar medidas distintas a las ya adoptadas.

David Mendoza, hijo de españoles, residía en Estados Unidos cuando se cometieron los delitos de los que se le acusaba. En 2007 renunció a la nacionalidad estadounidense y adquirió la española.

Estados Unidos reclamó entonces su extradición por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales y la Audiencia Nacional puso como condición para su extradición, aprobada por el Consejo de Ministros, que pudiera cumplir su condena en España si, en caso de ser condenado, así lo solicitaba.

CONDENADO A 14 AÑOS

El recurrente fue entregado a las autoridades estadounidenses el 30 de abril de 2009 en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Tras ser juzgado, fue condenado a 14 años de prisión y está encarcelado en una prisión de New Jersey. En febrero de 2010, solicitó cumplir la pena en España pero Estados Unidos rechazó su petición de traslado a nuestro país.

David Mendoza se dirigió al presidente del Gobierno por escrito para pedirle que llevara de forma inmediata las acciones coercitivas y legales precisas ante los tribunales internacionales y los de EEUU para que se cumpla el límite impuesto por la Audiencia Nacional a su extradición. Ante la falta de respuesta, interpuso demanda contra el Gobierno por inactividad, que ha sido estimada en parte por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal afirma que el recurrente se ha visto privado del derecho a cumplir la pena en nuestro país, viendo así empeorada su situación. Concluye que "la insuficiente actuación del gobierno, obligado a hacer cumplir esa resolución judicial, contribuye a mantener en el tiempo esta situación lesiva".

Se trata del segundo requerimiento que Sala de lo Contencioso-Administrativo realiza al Gobierno sobre este caso. El pasado 17 de noviembre de 2014, la Sección Sexta dictó una primera sentencia, con idéntico fallo a la hecha pública hoy, que recordaba la obligación del gobierno de velar porque se cumpla el condicionamiento impuesto por la Audiencia Nacional.

Esta primera resolución declaraba probado que la actividad realizada por el Gobierno ante Estados Unidos se reduce a dos notas verbales emitidas por el ministerio de Asuntos Exteriores el 16 de diciembre de 2011 y el 7 de febrero de 2012.

El Gobierno ya afirmó en una respuesta parlamentaria a UPyD que había intensificado sus gestiones diplomáticas ante Estados Unidos para lograr la entrega a España de David Mendoza. Defiende ha reiterado esta petición por varias vías después de que el Tribunal Supremo le emplazara a llevar a cabo "todas las medidas" encaminadas a lograr su vuelta, según este documento, al que tuvo acceso Europa Press.

SEIS AÑOS DE ESPERA

El próximo 27 de marzo se cumplirán seis años desde la petición de extradición de Mendoza Herrarte, quien cumple condena de 14 años por un delito de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en una cárcel de Nueva Jersey. Desde entonces el Gobierno ha solicitado su entrega a España en varias ocasiones por escrito pero ésta siempre ha sido denegada por Washington.

Por un lado, el embajador de España en Washington, Ramón Gil Casares, se reunió con el asistente para asuntos internacionales del Fiscal General estadounidense, trasladándole "la preocupación" del Gobierno ante el acaso de Mendoza Herrarte.

Según el Ejecutivo, las autoridades norteamericanas "se comprometieron a analizar el asunto", y se acordó que se remitiría una traducción de la sentencia al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese texto, redactado por el departamento que dirige Rafael Catalá, ya ha sido enviado.

Además, el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones al cónsul general de Estados Unidos en Madrid para "entregarle una nota en mano", dirigida a las autoridades competentes, informando del contenido de la sentencia del Supremo, y "reiterando" la postura del Gobierno sobre la solicitud del traslado del recluso.