PSOE acusa al PP de triplicar el coste del despido de una trabajadora

El Grupo Socialista de Getafe ha exigido explicaciones al alcalde, Juan Soler, y a la concejala de Personal, Mirene Presas en relación al despido de una trabajadora ya que, tras una sentencia del Juzgado de los Social, nº1 de Madrid, de julio de 2013, el Ayuntamiento "ha triplicado los costes del despido por demorar la ejecución del mismo cerca de dos años".

Según el PSOE, la trabajadora, que pertenecía a una empresa que prestaba servicios al Ayuntamiento de Getafe, "había decidido incorporarse al Ayuntamiento, como así permitía el fallo de la citada sentencia, por lo que el Consistorio debía en este caso optar por la reincorporación o el pago de la indemnización, pero el gobierno municipal decidió, sin explicación alguna, demorar el ejercicio de la opción hasta febrero de 2015, y como consecuencia de esta tardanza el pago a la trabajadora ha pasado de 21.156 euros a 59.389 euros".

Asimismo han señalado que con una sentencia de julio de 2013, no fue hasta el 5 de mayo de 2014 cuando se dictó una resolución por parte de la concejala de Personal, por la cual se decidía indemnizar a la trabajadora, pero "se ha tenido que llegar hasta el citado 17 de febrero de 2015, diecinueve meses después de la sentencia, para que se elevara dicha resolución a Junta de Gobierno".

"El despropósito ha durado hasta el último momento, puesto que el acuerdo de Junta de Gobierno del 17 de febrero, tuvo que ser declarado nulo siete días más tarde por no contar con el correspondiente informe de fiscalización, y finalmente, en Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2015 se adoptaba el acuerdo, con todos los informes necesarios, de indemnizar a la trabajadora con 59.389 euros", han subrayado.

Desde el Grupo Socialista se han pedido explicaciones "por esta nefasta gestión de la concejala de Personal, que ha supuesto que los vecinos de Getafe paguen el triple del dinero fijado en la sentencia", por lo que esperan ahora las explicaciones que se ofrezca desde la Concejalía de Personal, "para iniciar acciones legales ante esta más que negligente gestión de los fondos públicos".

MALA PRAXIS DEL GOBIERNO ANTERIOR

Sin embargo, fuentes municipales han asegurado a Europa Press que en este asunto ha habido "una mala praxis del anterior Gobierno socialista que fue quien realizó la contratación de la empleada en 2005 a través de una empresa externa del Ayuntamiento, adjudicataria de un contrato de Servicios Sociales".

En este sentido, han apuntado que cuando la empresa decide prescindir de esta trabajadora, ésta denuncia a la empresa y al Ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores "al quedar acreditado que desde 2005 venía realizando tareas ajenas al contrato adjudicado por el Gobierno socialista".

También han explicado que los salarios de tramitación se devengaron desde la resolución del Juzgado de lo Social, el 16 de abril, hasta la comparecencia del 12 de mayo de 2014, por lo que "en ningún caso los salarios se han devengado con fecha posterior al 12 de mayo".

"Que dejen de mentir, ya que en mayo de 2014 es cuando el juzgado condena a pagar una indemnización de 24.321 euros, y 35.068 en concepto de salarios de tramitación. Vamos a repercutir a la empresa parte del coste", han afirmado las mismas fuentes.

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