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El PP pide la dimisión de Tania Sánchez, el PSOE su reprobación

El PP pide la dimisión de Tania Sánchez, el PSOE su reprobación

jueves 22 de enero de 2015, 11:32h
Los populares también reclaman el ces del concejal de Deportes y padre de la candidata de IU a la Comunidad, Raúl Sánchez, y del alcalde, Pedro del Cura

Los grupos municipales PP y PSOE en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid han pedido las dimisiones del concejal de Deportes, Raúl Sánchez, y del alcalde, Pedro del Cura, mientras que en cuanto a la exconcejal y candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, el PP ha pedido su dimisión y el PSOE su reprobación, según sendos borradores para el dictamen de la comisión de investigación.

Todos los grupos municipales de Rivas Vaciamadrid (IU, PP, PSOE y CDR) han presentado este miércoles --tenían de plazo hasta las 15 horas-- sus borradores para el dictamen de la comisión de investigación donde se investigan los contratos adjudicados a la cooperativa del hermano de Tania Sánchez, Aúpa, y a la empresa de un trabajador del Consistorio, Sport and Tennis, a los que ha tenido acceso Europa Press.

El borrador del PP señala que Raúl Sánchez y Tania Sánchez participaron directamente en la adjudicación de contratos por un valor aproximado de 1,3 millones a Aúpa, empresa administrada (entre 2003 y 2009) por Héctor Sánchez. En concreto, indica que Raúl Sánchez "participó directamente" en la adjudicación de contratos a la cooperativa de su hijo en el periodo 2002-2008, a través de "más de 11 actos administrativos", mientras que Tania Sánchez también "participó directamente" en la adjudicación de un contrato a la cooperativa de su hermano en 2008.

Asimismo, recalca que ninguno de ellos informó "jamás" de sus vinculaciones familiares, y sostiene que de haberse conocido esa vinculación, el sentido del voto, en lo que respecta a la adjudicación, habría sido diferente.

Respecto a los contratos adjudicados a la empresa Sport and Tennis, siendo socio y apoderado de la misma el funcionario del Ayuntamiento Rafael Martínez Niza, señala a Raúl y Tania Sánchez como "responsables políticos".

El PP recuerda en su escrito que ha presentado una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que depure las posibles responsabilidades jurídicas, ya que "no es objeto de esta comisión dar soluciones y respuestas jurídicas a planteamientos jurídicos", sino que dicha comisión "está dentro del ámbito de los comportamientos y responsabilidades éticas y políticas".

"La inocencia, el desconocimiento de la ley, o pensar que esta situación carece de importancia son inadmisibles en un cargo público", afirman los 'populares'.

Por su parte, el PSOE señala que Raúl Sánchez "participó de forma permanente en los procedimientos que llevaron a la adjudicación de sucesivos contratos a Aúpa", y que a pesar de que la empresa estaba domiciliada en su propia residencia y de participar en los contratos, "manifestó no conocer que su hijo era el administrador de la entidad".

"Entendemos que no es creíble que no conociera que su hijo era el administrador de la entidad", manifiestan los socialistas, que también destacan "la no comunicación de su situación familiar" y "el hecho de no inhibirse", así como su "responsabilidad" en los hechos relacionados con la contratación de la empresa Sport and Tennis, de la que formaba parte uno de sus técnicos, como apoderado.

Respecto a Tania Sánchez, "siendo no creíble que no conociera que su hermano era administrador de la entidad Aúpa" y dado que "en la Junta de Gobierno de 2008 ni se inhibió ni comunicó esa circunstancia al alcalde del municipio" --entonces José Masa--, el PSOE "reprueba la actuación de esta ex concejal".

Asimismo, el PSOE pide la dimisión de Pedro del Cura por su "responsabilidad directa" en la "actuación deliberadamente obstruccionista en el esclarecimiento de los hechos investigados", por "utilizar de forma torticera y partidista los resortes y recursos institucionales" para "tratar de exculpar la responsabilidad política" de Tania Sánchez, así como "máximo responsable del Gobierno Municipal de las dificultades de los trabajos de la comisión".

Pedro del Cura era el responsable de la concejalía de Infancia y Juventud, de la que dependían los contratos a Aúpa.

FISCALIZACIÓN EXTERNA

Por otro lado, el PSOE propone que "ante la posibilidad de que se hubiera producido un quebranto económico para el Ayuntamiento, habida cuenta de la falta de informes", la totalidad de los expedientes que se vinculan a Aúpa sean remitidos a un órgano fiscalizador independiente y externo al Ayuntamiento.

Los socialistas destacan que el contrato de 2008 a Aúpa por valor de 136.000 euros se realizó bajo la modalidad de "riesgo y ventura", sin que en el expediente consten facturas ni informes justificativos del pago.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PSOE, Guillermo Magadán, ha acusado a IU y al presidente de la comisión, José Querencias, de CDR, de tener más "prisa" por cerrar la comisión de investigación que por esclarecer los hechos que son objeto de investigación.

En la misma línea, el portavoz del PP, Jesús González Espartero, ha afirmado que "las prisas de IU por cerrar la comisión, saltándose comparecencias de concejales y funcionarios, son una prueba más de no querer esclarecer los escándalos en los que están implicados miembros del Gobierno de IU".

IU DA POR CONFIRMADO QUE NO HUBO TRATO DE FAVOR

Para IU Rivas, la comisión ha confirmado que "los contratos investigados se ajustaron a los mismos procedimientos que el resto de contrataciones municipales, sin tratos de favor", según han informado a Europa Press desde el grupo municipal. "Es evidente que en Rivas no hubo ni enchufes ni mordidas ni tratos de favor. En Rivas no hay corrupción ni enchufes, lo que hay es una operación de acoso y derribo diseñada por Génova", sostienen.

"Nuestras conclusiones van en la línea de proponer medidas que mejoren dichos procedimientos y refuercen la transparencia y las mayores garantías en la gestión de lo público", han indicado las citadas fuentes. Entre las medidas, destaca la creación de un Registro de Intereses de carácter público en el que los concejales tengan la obligación de informar de las actividades mercantiles que desarrollen tanto ellos como sus familiares.
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